La reforma del trabajo autónomo cumple su primer mes con nulo impacto en Galicia

La entrada en vigor a plazos genera inseguridad jurídica y temor a tener que devolver las ayudas


redacción / la voz

Parecía una buena ley cuando empezó a debatirse en el Congreso. Y pintaba bastante bien, incluso después de ser trasquilada a su paso por el Senado, aunque allí se dejó 12 de las 100 medidas de apoyo a los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia que están dados de alta en España.

Pero una cosa es la política y otra cosa es la realidad. Y un mes después de su entrada en vigor, la ley de medidas urgentes de apoyo a los trabajadores autónomos es algo así como un suflé que, al hincarle el diente, resulta estar hueco y bastante insípido.

Eso es lo que se están encontrando los despachos de abogados, asesorías y organizaciones de emprendedores cuando tratan de llevar a la práctica el contenido de una reforma que, según explican de forma coincidente, arranca sin presupuesto y sin nuevos beneficiarios. Este primer mes de balance, explican, ha tenido un impacto nulo.

La primera dificultad parte de la entrada en vigor a plazos de la nueva ley. Aunque el documento íntegro se publicó en el BOE del 25 de octubre, el grueso de las medidas solo son aplicables a partir del 1 de enero, al estar supeditadas a la asignación de una partida económica en los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 (aunque no requiere que los Presupuestos estén aprobados, basta su prórroga). 

Una ley «farragosa»

No es posible pues deducirse gastos de manutención ni de consumos de la vivienda ni acogerse a la tarifa plana de 50 euros durante un año entero (en lugar de seis meses) hasta después de las 12 campanadas de fin de año.

Pero, a poco más de un mes para que esto pueda hacerse, la inseguridad jurídica que envuelve todo el texto de la reforma echa para atrás a los posibles beneficiarios, por temor a una incorrecta interpretación que acabe en una orden de devolución de las ayudas percibidas.

«Hablamos a diario con autónomos, y lo que todos ven es algo muy farragoso, y mucha complicación», afirma Alfonso Salazar, presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega). «La gente lo que ve en las ayudas que se ofrecen son dudas y complicaciones. Muchos nos dicen: “Para recibir una ayuda de 100 euros tengo que pagar 200 a una gestoría. Paso de complicarme la vida”», añade Salazar, que denuncia la fuerte presión, en forma de inspecciones fiscales, que sufren los autónomos, especialmente cuando son beneficiarios de algún tipo de bonificación estatal.

La inseguridad jurídica también acompaña a las medidas de la nueva ley de apoyo a los autónomos que sí están en vigor desde el pasado 25 de octubre. Se trata de cuestiones como la bonificación por la contratación de familiares, la jubilación activa o la bonificación de la base mínima de cotización para los autónomos con más de 10 trabajadores a su cargo.

«Están dirigidas a perfiles muy concretos, pero no a la generalidad del colectivo de trabajadores autónomos», aclara Eduardo Abad, secretario general de UPTA, que considera que el impacto hasta la fecha, además de reducido, es muy difícil de cuantificar. Añade que esta ley no es más que un primer paso hacia la reforma del régimen de autónomos que se está debatiendo, y cuya medida más demandada es la cotización de los autónomos en función de ingresos que generen.

 

Las cuotas se congelan y no subirán hasta que haya Presupuestos

Las bases mínimas y máximas de cotización para los autónomos son las que marcan las cuotas mensuales, y año tras año se actualizan en los Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, permanecerán congeladas temporalmente para los autoempleados que se acogen a la tarifa mínima, que son una gran mayoría, hasta que el Gobierno consiga sacar adelante unos nuevos Presupuestos para el 2018. De esta forma, las cuotas no subirán en enero, al igual que ocurrió este año, en el que la aprobación de las cuentas del 2017 se retrasó varios meses y demoró la actualización de las cuotas hasta el 1 de julio. Entonces subieron de golpe un 3 %. Actualmente la cuota mínima es de 275 euros, y la subida esperada para el 2018 es del 1,5 %.

Hay más buenas noticias, aunque sean solo provisionales: los autónomos societarios también verán congelada su cuota, que, por norma general, sube lo mismo que la base mínima del régimen general (que se fija en función del salario mínimo interprofesional). El Gobierno ha decidido no aplicar el incremento porque este colectivo vio incrementada su cuota un 7 % este ejercicio. Un autónomo societario tiene la misma condición que cualquier otro autoempleado, solo que ha optado por constituir su negocio como una mercantil, por ejemplo una sociedad limitada.

A la espera de lo que el Gobierno pueda tardar en sacar adelante los Presupuestos, la consecuencia para los autónomos que no disfrutan de bonificaciones (tarifa plana de 50 euros durante 6 meses, ampliable a 12 a partir del 2018), que son la gran mayoría, es que la base de cotización se refleja directamente en la cuota que paga cada mes y que no para de subir. Un ejemplo: entre el 2008 y el 2017, la cuota más baja que puede pagar a la Seguridad Social un trabajador por cuenta propia ha aumentado 20 euros al mes, lo que supone casi 270 al año, sin tener en cuenta los ingresos.

«Algunas de las medidas son como un campo minado lleno de trampas»

m. sío dopeso

La jubilación activa y la bonificación por emplear a familiares son las novedades más confusas de la reforma en vigor

Francisco es un comerciante autónomo de 67 años. Regenta una ferretería en Vigo y no quiere cerrar el negocio que heredó de su padre. Ha leído que, si se jubila, la nueva ley le permite cobrar el cien por cien de la pensión y seguir trabajando. Y con esas se ha ido a la gestoría, para empezar los trámites cuanto antes. «La primera sorpresa que se encuentra, y que no viene en la letra pequeña, es que, aunque cobre la pensión de jubilación, tendrá que seguir pagando a la Seguridad Social. Se llama cotización solidaria», aclara Ángel Novo, responsable de NyN Asesores.

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