Hay 62 implicados repartidos por 11 provincias, entre ellas Pontevedra y Lugo
18 nov 2017 . Actualizado a las 12:50 h.Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en varias provincias españolas, incluidas Lugo y Pontevedra, una operación contra el cobro indebido de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El operativo se saldó con 19 personas implicadas de 62 investigadas y casi dos millones de euros defraudados.
Las investigaciones comenzaron a principios de este año mediante el requerimiento de actuación a la sección de investigación de la Seguridad Social por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la información obtenida de las entidades financieras a requerimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social. Habían detectado varios casos en los que seguía abonándose las mensualidades de la prestación a personas fallecidas. Sus perceptores, con simulación o falseamiento de la vivencia de las personas muertas, seguían beneficiándose de esta ayuda, según la Policía Nacional.
Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades delictivas, se coordinó un dispositivo policial que abarcaba las provincias de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia. Culminó con la implicación de los investigados por delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedad documental. Se revisaron 27 expedientes y 62 personas fueron investigadas. De ellas resultaron implicadas 19 por el fraude de 1.932.211,2 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Los responsables del delito han resultado ser familiares de las personas fallecidas: hermanos, hijos y sobrinos. El caso más sobresaliente es el de una pensionista de Madrid por la que se estuvo cobrando 31 años su prestación una vez fallecida, desde marzo del año 1985 hasta octubre de 2016, con un montante total de 173.170,43 euros defraudados. «El pago de la prestación se hacía en una entidad bancaria, en la que la hija de la fallecida estuvo domiciliando recibos ordinarios y sacando el dinero que consideraba necesario para sus gastos, engañando a la Administración de todas las formas posibles», denuncia la policía.
Se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas, con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de bienes que considere oportuno.