Se acumulan casi 5.000 reclamaciones, un 9 % menos por la rebaja en sucesiones
30 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El número de reclamaciones económico-administrativas presentadas por los contribuyentes gallegos sobre los tributos que gestiona la Xunta descendieron un 9,2 % en el último año. Las denuncias tramitadas en el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), el organismo de Hacienda competente en esta materia, se situaron en 4.936, la cifra más baja desde el año 2011. Este descenso de la conflictividad se debe al menor número de reclamaciones presentadas en los dos principales impuestos cedidos que gestiona la Xunta: el de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales.
En este sentido, se ha cumplido la previsión que manejaba la propia Administración tributaria gallega, y que apuntaba a una estabilización o descenso en las demandas por las rebajas fiscales que entraron en vigor el 1 de enero del 2016, especialmente en lo relativo al tributo que grava las herencias, y que dejaba exentos los primeros 400.000 euros por descendiente. También ha influido el cambio en el sistema de valoración de los bienes urbanos, que se aplica desde el verano del 2015, y que supuso una rebaja media del 21 %.
Con todo, las denuncias de los particulares en relación con el pago de impuestos tienen bloqueados ingresos en la Administración autonómica de 180 millones de euros. Son 20 más de las que se contabilizaron al cierre del 2016, y esto no tiene tanto que ver con las quejas del pasado año como con las resoluciones de reclamación que se vienen arrastrando de otros y que están sin resolver.
«Hay que tener en cuenta que las reclamaciones administrativas sobre los tributos cedidos a la Xunta suponen solo un tercio de las presentadas por los contribuyentes gallegos», apuntan desde la Consellería de Facenda. De hecho, según los últimos datos oficiales del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), relativos al 2015, en Galicia se presentaron ese ejercicio 16.268 en el TEAR, de las que el 66 % no se correspondieron con impuestos cedidos a la Xunta, sino que se referían, fundamentalmente, al IRPF, al IVA y al IBI.
Este impuesto, que aporta un tercio de los ingresos municipales, y que es la gran joya fiscal de los ayuntamientos, es el que ha experimentado una mayor subida en los años de crisis. Hacienda, en su último informe, revela que, dependiendo del municipio, el recibo del IBI ha subido en la comunidad gallega entre un 20 y un 30 % durante los últimos siete años, período que coincide con un brusco incremento del paro y con una profunda devaluación de los salarios.
Valoración de bienes
Una fuente constante de litigio entre los particulares y la Administración autonómica en los años de recesión fue, precisamente, el sistema de valoración de bienes urbanos (rebajado en el 2015), que se usa en sucesiones y transmisiones patrimoniales. A lo largo de la crisis, una de las principales quejas de los contribuyentes era que, en un contexto de brusca caída de renta de los hogares, tenían que hacer frente al pago de impuestos con valoraciones que no estaban actualizadas a la evolución del mercado inmobiliario.
La Administración gallega ingresó el año pasado 552,3 millones por el cobro de impuestos autonómicos, según los últimos datos actualizados de la Consellería de Facenda. Esa cantidad supone una caída del 8,6 % respecto al ejercicio anterior y la cifra de recaudación fiscal más baja de la última década.
La crisis que arrancó con el estallido de la burbuja inmobiliaria desencadenó un brusco desplome de los ingresos como consecuencia de la intensa contracción de la actividad. A la espera de ver cómo cierra el 2017, el análisis de la serie histórica revela que la recaudación tributaria se situó en el 2008 en los 804 millones de euros. Solo un lustro después, en el 2013, con lo peor de la crisis pasado, se cerraba el ejercicio con una recaudación de 556,2 millones, lo que supuso un desplome del 30 % en tan solo cinco años.