Los funcionarios verán congelado su sueldo por la falta de Presupuestos

El Gobierno traslada a Bruselas que las pensiones solo subirán el 0,25 % desde enero


redacción / colpisa, la voz

Los funcionarios y los pensionistas comenzarán el año 2018 como lo hicieron este 2017. Los primeros, con el sueldo congelado; los segundos, con la pensión elevada apenas un par de euros. Esa es una de las consecuencias de la falta de Presupuestos para el próximo año que recoge el documento enviado por el Gobierno a la Comisión Europea la madrugada del martes.

En concreto, el Ejecutivo explica que al no haber cuentas públicas renovadas para el siguiente curso el salario de los empleados públicos no se moverá a pesar de que el Ministerio de Hacienda estaba negociando con los sindicatos un alza del 1,5 % para el 2018. Esta situación afecta a más de 150.000 empleados gallegos. De entrada, los 86.600 que dependen directamente de la Xunta también verán congelados sus salarios porque la Administración gallega tiene que seguir la norma básica del Estado en sueldos públicos; si los congela para los del Estado, ha de hacerse lo mismo para los autonómicos. Por lo tanto, las cuentas que Facenda prevé presentar esta semana no incorporarán subida alguna. A estos hay que sumar 15.000 empleados dependientes de las tres universidades y de la enseñanza concertada, 27.600 que tiene la Administración del Estado en la comunidad, y los 25.200 que dependen de las corporaciones locales.

Asimismo, el informe también advierte de otras consecuencias de la falta de Presupuestos como un aumento del déficit y detalla una subida de las pensiones del 0,25 %, la mínima establecida por la ley. ¿Y esto cómo se traduce en Galicia? La medida tiene un impacto notable en la comunidad, donde hay 759.000 personas que dependen de una pensión. Supondrá, por término medio, una subida media de 2 euros al mes, de 888 euros a 890. Muy por debajo de la inflación, que estará en el entorno del 1,5 %, por lo que los jubilados seguirán perdiendo poder adquisitivo.

El plan presupuestario enviado a Bruselas, apurando los plazos, recoge una estimación sobre los ingresos y gastos basada en un escenario de «política constante». Es decir, de prórroga presupuestaria que no permite cambios en las diferentes partidas (salvo casos de emergencia). En este sentido, el Ejecutivo contempla como líneas generales que el gasto público el próximo año se reducirá seis décimas, hasta el 40,6 % del PIB. Un descenso basado en el «supuesto de congelación de los salarios públicos». Esta afirmación no ha gustado nada a los sindicatos. Desde CSIF manifestaron este martes su «más absoluto rechazo» a esta congelación salarial y pidieron en un comunicado una «aclaración urgente» al Ministerio de Hacienda por la «incertidumbre» que esta noticia genera en los 2,5 millones de empleados públicos del país.

La congelación anunciada en el documento contrasta con el contenido de las reuniones en las que el departamento que dirige Cristóbal Montoro proponía a los sindicatos un alza del 1,5 % que podría incrementarse entre un 0,25 y un 0,5 si las previsiones de crecimiento mejoraban. Con todo, el Ejecutivo puede usar esta situación como un arma de presión para intentar lograr el apoyo necesario en el Parlamento para sacar adelante los Presupuestos.

Fomento admite que tendrá que destinar 2.000 millones a las autopistas

El documento enviado a Bruselas también confirma que el Gobierno destinará 2.000 millones al rescate de las autopistas de peaje quebradas, lo que podría tener un impacto en el déficit como ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se prevé que reviertan al Estado entre enero y abril de 2018. En el plan presupuestario se detalla que el gasto en inversiones se verá afectado por la cobertura por ese importe. No obstante, añade el documento, «se está trabajando para poder llevar a cabo la relicitación de dichas autopistas en los próximos años, lo que generará ingresos futuros». Con todo, esta cifra está muy por debajo de la que maneja el sector, lo que, según avanzó ya el propio Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, supondrá abrir un nuevo frente judicial. Según las cifras que maneja la patronal Seopan, esa responsabilidad ascendería en total a unos 5.700 millones, contando expropiaciones.

Además, Hacienda espera una mayor contribución de la lucha contra el fraude en los ingresos. Aunque no hace una previsión a futuro, sí explica que en los primeros seis meses de este 2017 la Agencia Tributaria ya ha obtenido 7.459 millones por esta vía, un 5,17 % más.

Por último, el Ejecutivo recuerda a las comunidades autónomas que los 4.020 millones de aumento de las transferencias que les correspondería el próximo año por los mayores ingresos tributarios está «condicionado» a la aprobación de unos nuevos Presupuestos. Otro elemento de presión.

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