Más de 25.000 hogares gallegos podrán acceder a rebajas en la factura eléctrica

El nuevo bono social beneficiará a los que menos cobren y a las familias numerosas

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redacción / la voz

Rosa Pitarch es la anciana de 81 años que falleció en noviembre del 2016 en su piso de Reus (Tarragona) asfixiada por el humo del incendio que destruyó su hogar. Las velas que alumbraban sus noches prendieron en el colchón de su cama y se acabó. Rosa llevaba dos meses sin luz eléctrica porque no podía pagar los recibos. La compañía, Gas Natural Fenosa, se defendió diciendo que no conocía la situación de pobreza en la que vivía la anciana, pero fue sancionada por la Generalitat catalana con una multa de medio millón de euros.

Esa tragedia, como tantas otras que habrán ocurrido sin que se haya enterado toda España, precipitó una remodelación completa de la política social energética estatal. El Gobierno, presionado fuertemente por la oposición, ha creado un nuevo bono social eléctrico que consagra la prohibición de efectuar cortes de luz a los consumidores que sean declarados vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Es decir, aquellos cuyos ingresos son tan ridículos -o simplemente no los tienen- que están siendo socorridos por los servicios sociales, bien municipales, bien autonómicos. Rosa Pitarch no se podría haber quedado sin luz.

El nuevo modelo de bono social, además, cambia radicalmente el criterio para conceder el descuento que supone en la factura eléctrica e introduce el de renta. O sea, podrán acceder a una rebaja en el recibo, que va entre el 25 y el 40 %, en función de los ingresos y del número de hijos menores, las familias que realmente lo necesiten. Salvo las que sean numerosas, es decir, las que tengan tres o más descendientes menores de 18 años. Estas tendrán derecho a una rebaja del 25 % cobren lo que cobren. Hasta los pensionistas tendrán que percibir la prestación mínima para poder beneficiarse del bono.

En Galicia, más de 25.000 hogares podrán acceder al nuevo mecanismo. ¿Por qué 25.000? Es un cálculo realizado a partir del número de beneficiarios de tique eléctrico de la Xunta y de la cifra de familias con el título de numerosas anotadas por la Consellería de Política Social. Estas últimas eran 22.612 en diciembre del 2016, según el departamento dirigido por José Manuel Rey Varela. Todas ellas podrán acceder al nuevo bono social estatal. Además, 2.500 hogares gallegos en los que viven menores o discapacitados, y que sobreviven con 800 euros mensuales como mucho, recibirán este año 180 como ayuda para pagar la factura eléctrica. Las familias numerosas también pueden beneficiarse del tique autonómico. En estos casos perciben 300 euros anuales, aunque el límite de renta rige como para los demás.

Ayudas contra los cortes de luz

Según los datos facilitados por la Consellería de Industria, el tique eléctrico benefició desde su implantación, en el 2014, a cerca de 7.500 familias, a 2.543 este 2017. Además, la Administración autonómica mantiene otra línea de ayudas de emergencia puntuales que activa en caso de aviso de corte de suministro por impago. Entre el 2016 y el 2017 se acogieron a ellas 4.400 hogares, de los cuales 3.383 lo hicieron este año hasta ahora. La Xunta les paga dos recibos de la luz para evitar la interrupción del suministro.

En toda España, el Ministerio de Energía calcula que el nuevo bono social beneficiará a 2,5 millones de hogares (100.000 más que el actual modelo). Los descuentos sumarán 230 millones anuales (un 17 % más que ahora), que pagarán todas las comercializadoras de electricidad (operan más de 200), que trasladarán el gasto a sus clientes en el recibo de la luz.

Seis meses de adaptación

Los actuales beneficiarios del bono social -que supone un descuento único en la factura del 25 %- lo seguirán siendo durante un período transitorio de seis meses, durante los cuales se podrá solicitar ya el nuevo mecanismo atendiendo a las condiciones de renta fijadas.

Más protegidos contra cortes, pero con un consumo limitado

f. f.

Al bono social podrán acogerse, como hasta ahora, los clientes con contrato de suministro de electricidad en mercado regulado (funciona bajo condiciones fijadas por el Gobierno) con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios, lo que engloba a todos los hogares domésticos -la potencia media es de cuatro- e incluso a algún pequeño negocio. Pero la normativa que crea el nuevo modelo incorpora medidas de protección de los consumidores contra los cortes de luz por impago que incluye a los abonados en el mercado libre (que pactan sus condiciones particulares con la compañía). Así, estos últimos, aunque no pueden acceder a los descuentos del bono social, pasan a disponer de un plazo de dos meses para regularizar los pagos desde que la empresa avisa al cliente del corte. Hasta ahora, la interrupción del suministro podía ser incluso inmediata. Esos dos meses de margen antes de la ejecución del corte de luz se mantienen también para los abonados del nuevo bono social, pero solo para las familias numerosas o los pensionistas que cobren la prestación mínima. Para los demás, es decir, para los consumidores vulnerables, severos o no, el plazo se duplica hasta los cuatro meses desde el aviso. A los que estén en riesgo de exclusión social no se los podrá dejar a oscuras. Vulnerables serán aquellas familias sin hijos menores que cobren como mucho 800 euros mensuales; el límite económico se amplía a 1.000 si hay un menor en el hogar; y a 1.300 euros si hay dos hijos. Vulnerables severas estarán consideradas aquellas familias que ingresen la mitad que las anteriores. En estos casos, el descuento en la factura será del 40 %, frente al 25 % de los demás beneficiarios. La rebaja para los hogares en riesgo de exclusión alcanzará el 50 % del recibo.

Salvo quizá en el caso de las familias numerosas, a las que no se les pedirá cuentas de sus ingresos, el nuevo mecanismo será socialmente más justo porque apoyará a los hogares más necesitados y, además, amplía de forma importante las medidas de protección contra los cortes de luz. Pero los usuarios no tendrán barra libre para gastar electricidad como hasta ahora. El nuevo bono social subvencionará la mayor parte del consumo, pero no todo, habrá unos límites, a partir de los cuales la electricidad dejará de estar subsidiada por el sistema eléctrico. Por ejemplo, el tope de consumo anual para una familia numerosa será de 3.600 kilovatios hora. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el tamaño medio de esas familias en el bono social actual es de 3.800.

Los consumidores serán informados de forma individual por carta de las nuevas condiciones por parte de su comercializadora de electricidad.

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