Hacienda pone el foco en los abogados gallegos para hacer aflorar fraudes

Solicita al CGPJ información sobre su participación en los procedimientos judiciales


santiago / la voz

El Ministerio de Hacienda tiene en el punto de mira a los abogados y procuradores gallegos en su lucha para hacer aflorar el fraude fiscal. Como en otras profesiones, donde también ha actuado, el foco se dirige ahora hacia los letrados. El origen de esta estrategia se remonta al pasado mes de julio, cuando la Administración Tributaria (AEAT) envió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una solicitud para obtener información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales de los años 2014, 2015 y 2016. El CGPJ aceptó la petición, pero con la negativa a ofrecer datos de los clientes de los abogados.

Hacienda inscribe esta estrategia, como en otras tantas actividades, dentro de lo que concibe como planes de captación de información para definir perfiles de riesgo y hacer aflorar ingresos obtenidos y que no fueron declarados. Por ejemplo, al conocer el número de procedimientos en los que participa el letrado puede cotejarlos con los ingresos declarados en su IRPF por si hay algún desajuste sospechoso.

La información que requiere al CGPJ la AEAT debe incluir el nombre completo y NIF del abogado o procurador y su número de colegiado. Además, Hacienda también solicita la fecha de inicio y de cese de la intervención en el procedimiento, el juzgado o tribunal ante el que ha intervenido, la localidad, la identificación del procedimiento y el importe en litigio (en su caso). En la comunidad gallega hay ahora 6.307 abogados en activo, según los colegios.

El colectivo acusa al fisco de abrir un proceso indiscriminado y falto de motivación En el sector gallego de la abogacía advierten que ellos no han notado ningún incremento de las inspecciones o de requerimientos, porque la información se la piden al CGPJ, pero sí creen que la autorización del poder judicial para facilitar a la AEAT los datos siembra «de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre toda la profesión», tal y como asegura un letrado gallego consultado. Un argumento que comparten el resto de los profesionales en España.

Para el Consejo General de la Abogacía, la solicitud de datos que exige la AEAT es un requerimiento sumamente «escueto, carente de motivación y falto de concreción, que se refiere a información desprovista de contenido tributario». La Abogacía Española sostiene que «este mecanismo de recopilación generalizado de carácter masivo, sin la adecuada justificación y por ello sin amparo en el marco normativo, se hace, además, sobre casi 23 millones de asuntos judiciales de los que la Agencia Tributaria ya dispone de completa información», precisa Victoria Ortega, presidenta del consejo español.

Mientras Hacienda considera que la obtención de información la ayuda a trazar perfiles de riesgo donde puede aflorar el fraude, los abogados creen que es un proceso indiscriminado sin un criterio selectivo.

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