Los inspectores del Banco de España avisan: la crisis financiera era evitable

El expresidente de la CECA calcula que el coste del rescate rebasará los 60.000 millones


madrid / colpisa

«Lo que ocurrió no tenía por qué haber ocurrido. O, al menos, no con la violencia con la que tuvo lugar y que ahora sufrimos». Con esta frase, el presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, apuntó directamente al supervisor como responsable de no evitar una crisis financiera cuyo factura se cifra -provisionalmente- en casi 43.000 millones de euros de dinero público que no se recuperarán.

Ante la comisión del Congreso que investiga la citada crisis, tanto este portavoz de los inspectores -un cuerpo muy discreto en su trabajo- como el expresidente de la patronal de las antiguas cajas de ahorros (CECA), el gallego Juan Ramón Quintás, que también compareció ayer, repartieron entre el Banco de España y los políticos críticas y responsabilidades en el desastre financiero.

Ambos mantuvieron un discurso diametralmente opuesto al defendido en la misma comisión por los diferentes responsables del supervisor bancario español, con el actual gobernador, Luis María Linde, a la cabeza, y aseguraron que el Banco de España «podía haber hecho mucho más» para evitar la crisis o, en su defecto, minimizar su impacto. «No es cierto que no había soporte jurídico para atajar los problemas, aunque era mejorable, pero todo aquello no tenía que haber sucedido o al menos con tanta violencia», subrayó Sánchez. «El encargado de evitarlo era el Banco de España», espetó.

El líder del colectivo de inspectores -siempre extremadamente crítico con la actuación del supervisor en casos como el de la comercialización de las preferentes, la salida a volsa de Bankia o la resolución del Popular- también alertó sobre la actual regulación financiera y contable, y advirtió: «Nos puede conducir a un desastre mayor al sufrido».

Igualmente, se refirió al coste del rescate de la banca, que según el último cálculo oficial del Banco de España, hecho público hace menos de un mes, se eleva a 42.590 millones ya irrecuperables. El inspector aseguró que contabilizar solo el dinero público «es olvidarse de que la crisis financiera se tradujo en cierre de empresas solventes» y en duras consecuencias económicas y laborales, además de reputacionales para el país.

Idéntica postura defendió Juan Quintás, al sostener que al coste en recursos públicos, «todavía sin poder ser estimado con exactitud, pero que será enorme, superior sin duda a los 60.000 millones», hay que añadir «las cuantiosas pérdidas privadas soportadas directamente por los pequeños y grandes inversores, así como por los empleados y clientes perjudicados».

El expresidente de la CECA también se mostró crítico con el control político de las cajas y cargó contra quienes impidieron fusiones interregionales para evitar perder poder en sus territorios. Lo hizo sin referirse a ninguna comunidad directamente, aunque Galicia fue uno de los casos más notables en ese proceso de integraciones internas.

El presidente de los inspectores del Banco de España también expresó sus dudas por la deriva en la normativa europea. Manifestó que «en absoluto» se consideran «antieuropeos», pero sí creen que ni los mecanismos únicos de supervisión o de resolución garantizarán una mayor estabilidad financiera: «Nos resistimos al Mecanismo Único de Supervisión y de Resolución tal y como están hoy planteados; estoy seriamente preocupado».

Una «grosería técnica» el desfase en la valoración del Popular hecha por el auditor

Ante la comisión parlamentaria, el presidente de los inspectores del Banco de España también se refirió al último episodio de la crisis bancaria: la resolución y posterior venta del Popular. En concreto, Sánchez Ruiz calificó de «grosería técnica» el desfase de entre 2.000 y 8.200 millones negativos en el informe realizado por Deloitte para cuantificar el deterioro de la entidad, porque cree que «es como no decir nada». «No tiene ningún sentido», afirmó.

«Si cualquier inspector, ante nuestros responsables decimos que en una cartera de crédito hemos encontrado un eventual deterioro de entre 200 y 300 millones, no vamos a quedar muy bien profesionalmente. Pero si digo que el eventual quebranto que he detectado variará en función del escenario entre 200 y 800, quizás es mejor que me dedique a otra cosa», respondió, a preguntas de los diputados, a los que también advirtió de «debilidades» en la supervisión y los mecanismos de resolución bancarios europeos.

Sobre la mesa de la comisión también se pusieron la comercialización de preferentes o el caso Bankia. Sobre las primeras, el inspector criticó la falta de control del Banco de España y de la CNMV, ya que sin su «beneplácito» no habrían podido emitirse. Respecto a la salida a bolsa de Bankia, recordó que el colectivo de inspectores siempre se mostró contrario a dicha operación y sostuvo que salió al parqué con las provisiones «pintadas».

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