La Xunta aparca las reclamaciones contra Volkswagen por los motores diésel

La Xunta de Galicia ha decidido mantener en suspenso cualquier decisión sobre las 407 reclamaciones -de ellas se inició expediente sancionador sobre 350- cursadas ante el Instituto Galego de Consumo e Competencia en relación con el trucaje de los motores diésel de Volkswagen en Galicia.

La Administración gallega, al igual que el Gobierno español, pospone cualquier toma de decisión en torno a este asunto a la espera de las resoluciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional, según fuentes del Ejecutivo gallego, para evitar conclusiones que puedan contradecirse o confundir a los afectados en este proceso.

El litigio se desencadenó hace algo más de dos años con el escándalo de la manipulación de las emisiones de los vehículos de la compañía automovilística germana en EE. UU. y que se ha extendido también a Europa.

Desde entonces los socios comunitarios, bien por negarse a multar al fabricante alemán, bien por carecer de los mecanismos sancionadores adecuados, han mantenido durante todo este tiempo una postura un tanto complaciente que se ha merecido incluso las críticas de la Comisión Europea.

En la Audiencia Nacional

Una reprimenda que hasta el momento no ha hecho cambiar de actitud a los socios comunitarios. Hasta el extremo de que, en el caso español, el expediente abierto contra Seat -marca propiedad del consorcio alemán- por similares manipulaciones del software que alteraban las emisiones de óxido de nitrógeno, quedó en suspenso condicionado a la decisión que adopte la Audiencia Nacional que investiga al grupo Volkswagen.

Ahora, la Administración gallega ha optado por mantener una política similar en materia sancionadora que la apoyada por el Ejecutivo de Rajoy.

De acuerdo con los datos facilitados por la Consellería de Economía, hasta el pasado mes de junio se había recibido más de cuatrocientos expedientes. Entonces, a través del Instituto Galego de Consumo, se habían resuelto 15 de los que incluso una reclamación fue resuelta con una condena administrativa de 33.800 euros contra el fabricante alemán, a propósito de una demanda contra el constructor presentada en Ourense.

Sin embargo, el riesgo de caer en una contradicción respecto a postulados que dictamine la justicia española, de momento se ha optado por mantener en suspenso la actuación de la administración en este caso.

30.000 gallegos afectados

De acuerdo con los últimos datos disponibles, entre los años 2009 y 2015, el grupo Volkswagen había vendido en Galicia unos 30.000 vehículos equipados con el sistema que ya ha comenzado a corregir, a través del llamamiento a talleres de las unidades manipuladas. En el conjunto de España, los turismos afectados se elevan, en el mismo período, a 700.000, y hasta el momento, la política de la empresa es la reparación gratuita de los motores.

En materia judicial, el fabricante alemán no está resultando especialmente perjudicado. Algo más de media docena de sentencias y solo una contraria a la compañía. En Galicia hasta 80 gallegos se han personado como acusación participar contra la compañía en la Audiencia Nacional.

Entre las solicitudes de los propietarios perjudicados por la manipulación se reclama el 30 % del valor del vehículo según la gama, la potencia y la antigüedad.

La postura en Europa del caso dieselgate difiere sustancialmente de la de EE.UU. La automovilística alemana fue sancionada por la venta de casi 600.000 vehículos con sus controles de emisiones adulterados con 4.300 millones de dólares.