La vergüenza social de caer en el concurso de acreedores

Mario Beramendi Álvarez
Mario Beramendi SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

SANDRA ALONSO

El número de procesos en Francia multiplica por 14 al de España porque lo ven como un instrumento de salida

22 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El miedo, el estigma, el efecto psicológico, el temor a proyectar socialmente la sensación de quiebra e inviabilidad económica... Lejos de ver el proceso concursal como una herramienta para salir adelante, como un mecanismo para sortear una insolvencia y encarar mejor el futuro, las empresas españolas siguen pensando otra cosa. Sobre todo las micropymes, que son las que protagonizan la mayoría de concursos de acreedores en España. Sirva un dato como ejemplo: en Francia, en el 2016, se contabilizaron 57.844 procesos, frente a los 4.080 del territorio español. Catorce veces más.

Esta es una de las principales conclusiones del atlas concursal, elaborado por el Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR) del Consejo General de Economistas, un trabajo que se presentó este jueves en Santiago.

Una de las principales conclusiones del informe es que, tal y como está la normativa concursal, debería incluirse una regulación específica o una adaptación para las micropymes, que son las que protagonizan esas suspensiones de pagos y que, generalmente, tienen a la Seguridad Social y al Ministerio de Hacienda como principales acreedores. Una demanda que abriría la puerta a introducir en la legislación algún tipo de quita en este apartado, tal y como expuso el presidente de la asociación de economistas forenses, Alfred Obiol.

Según los datos que se incluyen en el Atlas -que son del 2016- el número de concursos de acreedores bajó en España un 20 %, porcentaje que en Galicia se quedó en un 14 %, tal y como precisó el presidente del Consello Galego de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín.

El también profesor de la USC quiso poner el acento en el estima social: a su juicio, hay una «problema de cultura» en la declaración de concursos de acreedores, y consideró incluso que existe una cierta «economía sumergida» en las situaciones de impagos, hasta el punto de que cuando ya no puedan afrontar la coyuntura «cierran la puerta» y dejan a los empleados en la calle.

Cambio de percepción

En este sentido, el experto en derecho concursal Ramón Juega Cuesta abogó por una cambio de percepción de la sociedad. A su modo de ver es necesario que estos procesos, socialmente, sean considerados como un «sanatorio y no un tanatorio». Por eso, defendió reformas que faciliten una «segunda oportunidad» para las personas cuyas empresas quebraron, siempre que no cometieran irregularidades.