Los autónomos que no ganen el salario mínimo cotizarán una tarifa reducida

El mínimo exento se fijará en 9.000 euros al año y la cuota será inferior a 50 euros


redacción / la voz

Anxo es un fotógrafo de Vigo que se tituló hace dos años. Lo suyo es la publicidad, pero de momento hace bodas y ceremonias. Los encargos no son regulares y hay meses que los ingresos no llegan para cubrir la cuota mínima de autónomos, que en julio subió a 275 euros. «Aguanté seis meses y cuando se acabó la tarifa plana me di de baja. Me gustaría ir por lo legal, pero no puedo», afirma.

Como Anxo, cientos de emprendedores gallegos con ingresos irregulares se debaten entre darse de alta como autónomos o permanecer fuera de la legalidad por tiempo ilimitado.

Dicen las organizaciones de trabajadores por cuenta propia que las sentencias están empezando a reconocer que para casos como el de Anxo, o el de un profesor de clases particulares, o el de un vendedor a domicilio no existe obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social, aunque sí han de estar dados de alta en Hacienda por actividad económica. Estas sentencias preocupan al Ministerio de Empleo, que explora desde hace meses fórmulas para dar encaje legal a los profesionales con ingresos bajos.

La solución que está ya sobre la mesa, y que se llevará a la subcomisión del RETA (régimen especial de trabajadores autónomos) para su inclusión este mismo año (junto con una posible cotización en función de los ingresos) es la implantación de una minitarifa para trabajadores con ganancias irregulares y cuya cuantía no supere el salario mínimo, es decir, 9.000 euros al año.

UPTA, la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, que ha llevado al ministerio de Báñez su propia propuesta, ha puesto cifras a esa tarifa superreducida. Será inferior a 50 euros al mes (entre 30 y 40) y favorecerá no solo a los autónomos, sino también a todos los profesionales que estén dados de alta en Hacienda por realizar una actividad económica.

Fuentes de Empleo reconocen que esta puede ser la solución al ineficaz marco legal actual. «Se trata de dar encaje a situaciones laborales que hoy son bastante comunes, ligadas a nuevos trabajos, como en plataformas digitales, o a actividades esporádicas o habituales con ingresos irregulares de profesionales sin una adscripción laboral fija», explican.

Este esquema tiene su complejidad técnica, ya que exige la acreditación de los ingresos anuales de cada beneficiario, razón por la cual Empleo ha pedido a Hacienda que valore la viabilidad técnica de desarrollarlo.

«En principio, la idea sería permitir el registro de los potenciales beneficiarios y chequear el cumplimiento de los requisitos establecidos con la regularidad que permitan los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria», explican fuentes conocedoras del borrador de la medida.

«En cualquier caso, el modelo incluiría un sistema de liquidación a final de año en virtud del cual se regularizaría la cuota social a pagar si se hubiera incumplido alguno de los requisitos fijados. Si se superara el umbral de ingresos establecido, el trabajador debería abonar una cuota incrementada», aclaran.

Respuesta a las cooperativas

La alternativa hasta ahora para este tipo de profesionales era emitir facturas a través de una cooperativa. La fórmula funcionaba bastante bien: el trabajador no tenía que afrontar los costes que conlleva cotizar por ser autónomo, la cooperativa percibía su porcentaje y la empresa o cliente recibía su factura. Pero Empleo tenía enfiladas desde hace tiempo a las cooperativas de facturación al entender que eran un refugio de «falsos autónomos», y el modelo se acaba de venir abajo: una de las más conocidas, Factoo, perdía su condición de cooperativa (aunque sigue funcionando) y otras optaban por disolverse.

La ley de fomento del autoempleo, en enero, pero hasta el 2019 no se notará en los bolsillos

La nueva ley del trabajo autónomo, que a finales de este mes debería quedar aprobada definitivamente en el Congreso, introduce una serie de mejoras en las cotizaciones sociales de este amplio colectivo, en las bonificaciones para la contratación y en los gastos deducibles en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), pero, pese a su publicación en el BOE, no entrarán en vigor hasta enero del 2018, porque están sujetas a los Presupuestos del Estado del próximo año. Lo que quiere decir que los autónomos tendrán que esperar hasta la declaración de impuestos que presenten en el 2019 para notar las ventajas fiscales.

Entre las novedades se encuentra la desgravación de los gastos en la vivienda dedicada a la actividad laboral y de manutención por razones de trabajo, así como las bonificaciones durante un año de la tarifa plana.

Los más de 3,2 millones de autónomos que hay en España (más de 215.000 afiliados en la comunidad autónoma gallega) llevan tiempo reivindicando una mayor flexibilidad de las condiciones de cara al fisco y a la Seguridad Social. Pero quedan todavía asuntos pendientes y viejas demandas por mejorar.

Las fluctuaciones de su actividad y la variabilidad de sus ingresos necesitan de una mejor regulación en las cotizaciones sociales y la liquidación de impuestos, un asunto que ha quedado pospuesto y en manos de la subcomisión del RETA para abordarlo una vez aprobada la ley.

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