El plan industrial de Navantia implica la salida de 570 trabajadores en Ferrol

Los astilleros ligan gran parte de su futuro a la contratación de las fragatas F-110


Ferrol

Con un mercado naval civil y militar menguante -la contratación ha caído en Estados Unidos y Europa en un 60 %-, una fuerte competencia mundial y un desplome de los precios forzado por los astilleros asiáticos, muchos de ellos en quiebra técnica, Navantia se sitúa de nuevo ante la encrucijada. Una situación financiera delicada, una plantilla muy envejecida y unas instalaciones y procesos que requieren de un gran salto tecnológico obligan a la puesta en marcha de un plan industrial en cuya necesidad coinciden su equipo directivo, su accionista único, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y también los representantes de los trabajadores. Solo en el último año, la empresa pública registró unas pérdidas de 230 millones de euros, las mayores de su historia, y en los ejercicios anteriores los créditos participativos otorgados por su dueño han sido imprescindibles para evitar su crac económico. Como en anteriores crisis, el plan de futuro diseñado por Navantia comprende la salida de trabajadores de todos los astilleros (en Ferrol la plantilla directa está formada por 2.200 personas), aunque en esta ocasión se dan unas circunstancias excepcionales. Debido al envejecimiento del personal, durante el período de vigencia del programa de futuro (2018-2022) cerca de 1.260 trabajadores (de un total de 5.500) alcanzarán la jubilación ordinaria, 570 de los cuales lo harán en la ría de Ferrol (421 en la antigua Bazán y otros 149 en Fene). Es decir, no tendría que aplicar salidas anticipadas. Pero la entrada de savia nueva en las factorías es una necesidad imperiosa, principalmente para contratar a personal de nuevos perfiles capaces de dar respuesta a los nuevos desafíos tecnológicos, por lo que Navantia sostiene que pondrá en marcha un programa de rejuvenecimiento cuya cifra elude concretar, ya que sostiene que será objeto de negociación con los sindicatos.

La salida anticipada de los trabajadores de más edad para facilitar la entrada de los jóvenes es una de las patas sobre las que se asienta el plan, junto con la obtención de carga de trabajo suficiente para despejar el futuro a medio plazo y enderezar el rumbo económico, junto a la modernización tecnológica. 

Nuevas fragatas

En este sentido, la empresa que preside Esteban García Vilasánchez se ha marcado el reto de conseguir pedidos por valor de 11.000 millones de euros durante el período de ejecución del plan para garantizar la ocupación que en estos momentos les falta a sus astilleros. El 40 % de esa cartera provendría de la nueva generación de fragatas para la Armada española, los cinco buques del tipo F-110 cuya orden de ejecución la compañía espera para el año próximo. La concreción de este pedido implicaría diez años de trabajos para los astilleros de la ría ferrolana.

Igualmente, la empresa sigue confiando en cerrar el encargo para la fabricación de cinco corbetas para la Armada de Arabia Saudí que se repartiría entre las factorías de San Fernando (Cádiz) y Ferrol.

Navantia continúa apostando por dedicar el astillero de Fene al sector de la eólica marina, con la vista a corto plazo puesta en un concurso para EDP y en las cimentaciones flotantes.

La materialización del Astillero 4.0 es otra de las piezas clave del programa de futuro, que tendrá una gran trascendencia para Ferrol, factoría para la que se proyecta una revolución de los procesos y de las instalaciones. La intención es que deje de construir en grada y pase a hacerlo en un dique cubierto, que permita reducir los plazos y, consecuentemente, los costes de los programas.

Negociaciones sin fecha de inicio y en un clima enrarecido

Pese que tanto la parte social como la empresarial defienden la aplicación del plan -y hasta coinciden en los principales pilares sobre los que debe sustentarse-, las conversaciones para el desarrollo del programa continúan sin arrancar. Es más, el clima laboral en los astilleros se ha enrarecido en los últimos meses, dificultando el entendimiento para la consolidación de la mesa de negociación.

El origen de las discrepancias se encuentra en el cuarto convenio colectivo, recurrido por los sindicatos por la vía judicial, que les ha dado incuestionablemente la razón. Ello ha obligado a Navantia a restituir los derechos que había eliminado, y cuyo cumplimiento han exigido las plantillas aplicando las denominadas medidas de «no colaboración». Ha cumplido con todos, a excepción de las asimilaciones -promociones- profesionales, el principal caballo de batalla entre las partes, ya que aunque existe disposición en la SEPI para abonar esos conceptos a los afectados, se ha topado con la ley de acompañamiento a los Presupuestos, que establece topes salariales en las empresas públicas. El incumplimiento de este abono ha provocado conflictos en los astilleros, como la puesta a flote del BAM a puerta cerrada y con el barco incompleto en Ferrol, la negativa a desplazar a operarios de San Fernando a Puerto Real (Cádiz) y la convocatoria de una huelga en Cartagena

Sintonía rasgada

En Ferrol los sindicatos mayoritarios eran partidarios de levantar las presiones después de los pasos dados por la empresa para cumplir con el fallo judicial y conscientes de la necesidad de comenzar a negociar el plan, pero la plantilla no los secundó. Así, recuperar la sintonía con los trabajadores es tarea imprescindible antes del arranque de las conversaciones.

Navantia insiste en su voluntad de cumplir con la sentencia, pero advierte de la urgencia de abordar el programa de futuro. Considera que dejar de hacerlo por el abono de las asimilaciones es asumir un riesgo desmesurado. Como centrar todos los esfuerzos en una casa en arreglar una tubería obviando la preparación para el ciclón que está a punto de llegar.

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