La marcha de firmas al otro lado de la «raia» no es una cuestión de precios; también de competitividad
09 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La localización de empresas auxiliares de la automoción (y no solo de este sector) en la región norte de Portugal, en vez de hacerlo en el entorno gallego de la factoría del grupo PSA, es un asunto recurrente. Para explicar esa elección se suele apuntar a los menores costes del suelo industrial, de salarios o fiscales. Sin obviar su importancia, convendría ver si otros factores no serán tanto o más decisivos a la hora de tomar una decisión de inversión que, en los tiempos que corren, se ha de ajustar a un calendario de fabricación extremadamente ágil y con plazos fiables y muy cortos. Por ejemplo: ¿será posible tener operativa esa nueva planta de la que depende la inversión en cinco o seis meses? Para que esto sea posible se necesita que determinados permisos, autorizaciones, certificaciones, licencias... de las instituciones públicas se resuelvan en el plazo más breve posible.
Que aquí tenemos una debilidad ya lo pone de manifiesto el índice de competitividad para las regiones europeas elaborado por la UE. En su vector institucional Galicia ocupa la posición 191 (entre 263 regiones), mientras que el norte de Portugal está casi treinta posiciones mejor (puesto 162), a pesar de que en riqueza por habitante se encuentra en un nivel inferior.
Este indicador de competitividad a escala regional no va al detalle. Sí el que elabora el Foro Económico Mundial, pero con datos estatales. Y de sus datos lo primero que conviene tomar nota es que tanto España como Portugal empeoran sus posiciones competitivas respecto a las que detentan en función de su riqueza. España desciende nueve posiciones (de la 23 a la 32), mientras que Portugal cae diecinueve (de la 27 a la 46). Es obvio por que tanto en riqueza como en competitividad global España supera a Portugal.
Sin embargo en ciertos factores críticos, que podrían estar detrás de una decisión de localización para un inversor extranjero (o nacional) de una nueva planta productiva, la disyuntiva entre un lado u otro de la frontera las cosas no son en absoluto así.
Una menor burocracia
En el número de procedimientos necesarios para poder iniciar una actividad Portugal mejora la que tiene en cuanto a riqueza y se coloca en la undécima posición competitiva a nivel global. Mientras, en España empeora hasta la posición 76. Lo que quiere decir que mientras en competitividad global España supera a Portugal en catorce posiciones, en este particular vector es al contrario, y por sesenta y cinco posiciones.
A la vista de ello no debe extrañarnos que en otro punto muy relacionado con el anterior -el tiempo que se hace necesario para iniciar una actividad- la situación sea tanto o más desfavorable para este lado de la frontera: Portugal es el sexto país mejor posicionado del mundo, mientras que España está en la posición 81. No parece haber asomo de duda sobre en qué lado de la frontera uno ha de invertir si un factor crítico es el plazo del que se dispone para iniciar el negocio.
Un tercer aspecto cuantifica en cada país en qué medida las barreras no arancelarias -normas sanitarias y de producto, técnicas y de etiquetado...- limitan la capacidad de las mercancías para competir en el mercado interno. Aquí Portugal aún mejora más su posición mundial: es la quinta, con España 59. Por debajo de nuestra posición competitiva global que, no olvidemos, es la 46. La brecha es nada más y nada menos que de cincuenta posiciones en nuestra contra.
Y ya sobre en el cuarto aspecto, que cuantifica cuan restrictivas son las normas nacionales al respecto de las inversiones extranjeras, encontramos más de lo mismo: Portugal, 15; España, 64.
Clima empresarial propicio
Todo esto parece tanto o más determinante que el precio del suelo industrial, el diferencial de salarios o la fiscalidad. Porque no es una simple cuestión de costes (desfavorables unos o favorables otros). Se trata de una cuestión previa: el clima y ambiente para estar cuanto antes operativos.
Convendría así priorizar anular la brecha entre España y Portugal en estos aspectos, pues mientras así no se haga otras ventajas competitivas (o medidas de ahorro sobre costes fiscales, de suelo, laborales) como mucho serán capturadas por otros agentes. Y esto desborda con mucho lo que puede y debe hacer la Xunta. Es un reto para una política a nivel de Estado.