Abogados gallegos preparan más de un millar de demandas por el caso Popular
ECONOMÍA
Se acaban de presentar las primeras reclamaciones civiles de accionistas afectados
02 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La intervención del Banco Popular dejó en Galicia un enorme reguero de damnificados en forma de pequeños, medianos y grandes accionistas que vieron como de un plumazo perdían todo el dinero de sus acciones, reducidas a cero. Según estimaciones internas, eran unos 50.000 los gallegos que tenían títulos en el banco justo cuando se produjo esa operación, casi todos originarios del Banco Pastor, la marca con la que opera la entidad en Galicia. Y una buena parte de esos afectados no se van a quedar de brazos cruzados.
Los despachos de abogados comenzaron a moverse de inmediato ante el importante volumen de potenciales clientes. Y ahora acaban de presentarse las primeras demandas en Galicia. Este mismo viernes lo hizo el despacho de Xoán Antón Pérez Lema en varios juzgados de primera instancia de Vigo y A Coruña. Todas las reclamaciones van por la vía civil y contra el Popular (no contra el Santander, el nuevo dueño, ni contra el Pastor). Piden la nulidad de las acciones compradas en la ampliación del 2016 y, consecuentemente, la devolución del dinero al cliente. El banco colocó aquel año entre accionistas 2.500 millones de euros, pero la información pública sobre aquella operación, apuntan los abogados, fue errónea al calcular a la baja las pérdidas reales del banco. «Non reflectía a imaxe fiel da entidade», dice Pérez Lema. Por si fuera poco, Emilio Saracho, el directivo que relevó a Ángel Ron en la presidencia del banco, anunció por sorpresa en una junta una reformulación de aquellas cuentas, lo que ha dado más munición a los demandantes.
Las estimaciones que maneja Pérez Lema y los que a su lado conforman la asociación de consumidores Acouga, junto a las de otros bufetes especializados en asuntos financieros, alcanzan una suma que supera el millar de demandas individuales en fase muy avanzada en Galicia. Cristalizarán en las próximas semanas. En esa cifra no se incluyen los gallegos que hayan podido vincularse a alguna demanda colectiva, como las que promueven organizaciones de afectados.
En CSS, Caruncho, Rúa, Laterna... llevan tiempo preparando esos expedientes, pero antes de presentarlos esperan completarlos con nueva información, como apunta el abogado Jaime Concheiro. Por ejemplo, informes periciales o los resultados trimestrales del Popular, que podrían arrojar luz sobre la situación real en que estaba el banco justo antes de su intervención.
A la espera de más
Ese millar es un avance de lo que puede venir en los próximos meses. Al final «puede haber entre 30.000 y 35.000 afectados entre accionistas y bonistas», estima Ignacio Caruncho. Todas esas demandas irán por la vía civil -la penal es más compleja- y tienen hasta el 2021 para poder presentarse. Se centran en la ampliación de capital del 2016. Pero no se descartan demandas de clientes que adquirieron acciones o bonos en otro momento.
Los abogados calculan que en Galicia hay más de 30.000 potenciales demandantes También se espera que a lo largo de septiembre el Santander detalle finalmente el plan de compensaciones para todos esos afectados, con el objetivo de desactivar el grueso de las demandas, que se podrían venir en contra como nuevo propietario del Banco Popular. La entidad que preside Ana Botín avanzó ya en julio una solución en forma de bonos a siete años con una rentabilidad del 1 %; quien lo acepte tendrá que renunciar a la acciones legales.