Los créditos para comprar acciones del Popular, nuevo frente judicial para Botín

Una asociación de afectados reclama a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar de esos préstamos


madrid / la voz

A punto de estrenar septiembre, el mes en el que el Santander activará la compensación con bonos perpetuos a los clientes del Popular que fueron a la ampliación de capital del 2006 y perdieron su dinero tras la resolución del banco -el objetivo de esta acción comercial es minimizar la litigiosidad-, a la entidad que preside Ana Botín se le puede abrir un nuevo frente judicial. Y es que un despacho de abogados que representa a una asociación de afectados por la venta del Popular y que aglutina a más de tres centenares de clientes ha solicitado a la Audiencia Nacional que suspenda cautelarmente los créditos que la entidad otorgó para la compra de títulos en la última ampliación. En concreto, desde Sanguino Abogados piden la suspensión de los mismos en el caso de una docena de clientes. Es una vía nueva en el complejo proceso judicial por la venta del Popular y la pérdida de acciones de miles de clientes.

En su escrito subraya que esa medida solicitada es «excepcional, necesaria y proporcionada a la vista de la situación en la que se encuentran los perjudicados». El despacho presentó en julio una denuncia penal contra los antiguos responsables del Popular y contra la auditora PwC.

Los abogados esperan que la Audiencia se pronuncie antes de final de año y que suspenda de forma provisional los contratos de los préstamos que el banco firmó con personas y empresas para comprar acciones en verano del 2016. El bufete sevillano pretende que los afectados no tengan que pagar las cuotas mensuales de los citados créditos hasta que los tribunales se pronuncien sobre el fondo de la denuncia, ya que sostienen que los antiguos directivos del Popular pudieron incurrir en los delitos de estafa y falsedad contable.

Con la medida cautelar solicitada se persigue «evitar la prolongación de los perjuicios por los contratos de préstamo que se suscribieron y que, por decisión unilateral del banco, se encontraban de manera directa supeditados o vinculados a la obligatoriedad de suscripción de acciones ofertadas en la ampliación de capital». Aunque el expresidente Ángel Ron negó que hubieran financiado a clientes con tal fin, el pasado abril su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, constató que así había sido en una cuantía estimada de 205 millones y, de hecho, procedió a reexpresar las cuentas del ejercicio anterior.

Sanguino Abogados también ha pedido a la Audiencia que suspenda igualmente cualquier procedimiento judicial que pueda iniciarse por reclamación de cantidades, así como la prohibición de que se incluya a las personas o empresas que firmaron los préstamos -algunos de ellos vencen el próximo año- en cualquier lista de morosos o registros de impagados.

Esta no será la única cautelar sobre la que la Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse, ya que también tiene sobre la mesa la petición de suspensión de la venta del Popular al Santander.

Luz verde de la UE a la OCU

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite el recurso de anulación que la OCU presentó a principios de mes en Luxemburgo contra la decisión de la Junta Única de Resolución de resolver el Popular y venderlo posteriormente al Santander, lo que supone el primer paso para que la justicia europea revise el procedimiento.

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