El Santander aplaza el ajuste de plantilla del Popular para recuperar la clientela

El Pastor perdía este año un 2,5 % de su negocio hasta antes de la venta; la matriz, en cambio, casi un 20 %


redacción / la voz

La plantilla del Banco Popular puede respirar al menos un año más. El Santander, su propietario desde hace justo dos meses, no abordará a corto plazo el ajuste de personal que se impone tras la compra de la entidad financiera. Así lo confirmó el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, en la presentación de resultados del primer semestre y así también se lo comunicó la entidad a sus trabajadores a través de una misiva interna en la que, además de desearles unas buenas vacaciones, les informaba de que la integración de los servicios centrales se haría en el segundo semestre de este año.

Álvarez ya lo había avanzado entonces, explicando también el motivo por el que el ajuste de empleo de la red se hará con calma: porque la prioridad del Santander tras adquirir el Popular es centrarse en el negocio, que en la última etapa del banco -debido a la pérdida masiva de depósitos- estaba paralizado. Se trata de ganar clientes y, sobre todo, recuperar a los perdidos durante los últimos dramáticos meses del banco. De hecho, el primer ejecutivo del banco anunció que de los 20.000 millones de euros que salieron del Popular desde enero y hasta su resolución, habían recuperado un tercio, es decir, 6.500 millones, en mes y medio.

El banco tiene aún mucho mercado que recuperar. Entre enero y mayo, justo las semanas antes de la intervención (fue el 7 de junio), el Popular se había dejado casi un 20 % de sus depósitos de particulares, según los datos que acaba de difundir la Asociación Española de Banca (AEB); en total, 13.000 millones solo en clientes minoristas. En cambio, según esa misma fuente, la filial gallega, el Banco Pastor, con red y ficha propia, apenas perdía un 2,5 % hasta ese mes. Una diferencia clara que denota el peso que la marca Pastor tiene entre sus clientes. Una fidelidad que duró hasta los días previos a la venta, cuando el pánico llegó también a las oficinas gallegas, que detectaron un pico fortísimo de retiradas de fondos de sus clientes.

Así las cosas, para intensificar la recuperación del negocio financiero resulta fundamental, contar con la plantilla, especialmente porque tanto el Popular como el Santander acaban de sufrir un ajuste importante. En el caso del primero, el pasado 20 de julio la comisión de seguimiento dio por finalizado el expediente de regulación de empleo, que se cerró con la salida de 2.567 personas en todo el país -aún no hay datos sobre su impacto en Galicia-, todas ellas con bajas voluntarias. Se atendieron 68 solicitudes de traslados de las 218 peticiones registradas, no se aplicó movilidad forzosa y se cursaron 127 excedencias voluntarias retribuidas, según informaron los sindicatos. 

Presiones comerciales

Aunque las organizaciones sindicales valoran positivamente el balón de oxígeno que para la plantilla de la red de oficinas supone la pretensión del Santander de retrasar el ajuste de plantilla, han manifestado su malestar por las presiones comerciales que se les están imponiendo a los trabajadores de las sucursales, precisamente en un momento en el que la plantilla está bajo mínimos, con personal de vacaciones.

Es una situación que ven desde hace varias semanas. Un ejemplo de lo que sucede se ha vivido en Vigo, donde, en aplicación del convenio, durante la semana grande -que acaba de comenzar- el horario de atención de las oficinas se reduce, limitándose de 9 a 13 horas. «Pero están convocando videoconferencias a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde, fuera del horario laboral. La presión es enorme. Comercialmente agosto suele ser un mes flojo, pero parece que haya que contratar tarjetas aunque los clientes estén en la playa o no haya suficiente personal en las oficinas», apuntan fuentes sindicales, que esperan que la situación se reconduzca.

La justicia europea arranca con el informe clave oculto 

A. B.

El 7 de junio, las autoridades europeas acordaron la resolución del Popular, pero contra dicha decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), aplicada por el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB), cabía la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo, tanto ante los tribunales nacionales (Audiencia Nacional) como europeos (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). El plazo para hacerlo expiraba ayer, por lo que muchos de los inversores que perdieron su dinero con la liquidación del Popular han puesto en marcha ante el TJUE, con sede en Luxemburgo, su pretensión de que se anule la polémica venta de la entidad financiera, por entender que vulnera la legalidad. 

Uno de los puntos más controvertidos lo ha supuesto precisamente el hecho de que la JUR se haya negado a hacer público, pese a los reiterados requerimientos -incluido el del Banco de España o el del ministro de Economía-, el informe completo de Deloitte que avaló la intervención y subasta exprés del banco. La JUR, que el pasado julio amplió parcialmente la información facilitada sobre el proceso de resolución, se amparó en la «confidencialidad» para mantener ocultos los informes, que otorgaban un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones al Popular, y que sirvieron para adjudicárselo al Santander por un euro, aunque le inyectó más de 7.000 millones para sanearlo.

Hasta el momento ya han reclamado ante el TJUE varias plataformas que representan a miles de afectados minoritarios, pero también grandes accionistas, como el mexicano Antonio del Valle. El inversor chileno Luksic, por su parte, también reclamará en Luxemburgo, pero el despacho Roca Junyent, que le representa, aún no ha cursado la demanda por considerar -al igual que otros- que el plazo en jurisdicción contencioso-administrativa no expira hasta septiembre. Paralelamente, continúa el goteo de denuncias y querellas de afectados por vía civil y penal.

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