La Xunta convierte en ley su batalla con Portugal por las inversiones industriales

Juan María Capeáns Garrido
juan capeáns SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

JANET GONZALEZ VALDES

En octubre estará lista la normativa que permitirá comprar terreno a plazos sin intereses

28 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta de Galicia va a darle rango legal a la ofensiva iniciada hace unos meses con el objetivo de reforzar la implantación de nuevas inversiones en la comunidad y retener empresas ya establecidas con necesidades de expansión. El conselleiro de Industria, Francisco Conde, y el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, adelantaron ayer en el Pazo do Hórreo las líneas maestras de un texto normativo que podría estar listo para su aprobación en octubre, antes de la entrada en vigor de los presupuestos de Galicia del próximo ejercicio.

Objetivo

Polígonos del IGVS. La Lei de Fomento de Implantación Empresarial en Galicia tiene como premisa el facilitar la venta de suelo empresarial, con prioridad para las áreas desarrolladas en los últimos años por el Instituto Galego da Vivenda e Solo y en las que todavía hay margen de crecimiento. Para ello, se tratará de dar respuestas concretas a las necesidades de la iniciativa privada y de los sectores productivos, para que la Administración deje de ser un obstáculo y se convierta en un aliado estratégico.

EL MOTIVO

La competencia de Portugal. Desde la Xunta no ocultan que esta ofensiva en forma de inversiones millonarias y programas de captación son una respuesta a la política impulsada en Portugal tras la intervención económica de la troika. Con una mano de obra sensiblemente más barata y unas relaciones entre la patronal y los sindicatos más blandas, el país vecino se ha convertido en el primer competidor de Galicia y de otras áreas fronterizas con España por atraer inversiones extranjeras e incluso como receptor de deslocalizaciones de sectores tradicionalmente arraigados en Galicia, como la automoción. Estas ofertas de bajo coste, como las definió el conselleiro, son una realidad a la que la Administración quiere responder con calidad, innovación y una autopista de facilidades.

A MEDIDA

Censo detallado. Francisco Conde explicó que la nueva ley hará especial hincapié en la flexibilidad administrativa, desarrollando polígonos «a medida» para adaptarse a las necesidades de las empresas concretas que muestren interés. Para ello, se elaborará un censo de suelo empresarial para conocer en tiempo real las necesidades por áreas territoriales.

CONDICIONES

A plazos y sin intereses. La Xunta, además de disponer las partidas económicas en distintos programas, como la Axenda Galicia-Industria 4.0, tiene preparadas condiciones económicas especiales para la adquisición de terrenos. Ofrecerá el pago aplazado y sin intereses del suelo público hasta un máximo de cuatro años.

Trámites

Procedimiento único. La ley de implantación de empresas recogerá los avances administrativos para que los trámites, al menos en su tramo autonómico, se reduzcan a la mitad. La idea es poner en marcha un procedimiento único e integrado que facilite el papeleo inicial a las compañías, integrando en una única gestión las autorizaciones que tienen que ver con el medio ambiente u otros requerimientos sectoriales de distintas consellerías.

IMPACTO

Sector eólico y forestal. Conde está convencido que hay tres sectores que saldrán especialmente beneficiados con las medidas que se recogerán en el texto. Se trata de la industria forestal, la relacionada con la energía eólica y el cooperativismo, que en estos momentos, según dijo, tienen que afrontar cualquier gestión con un largo y prolijo proceso que dificulta su desarrollo. Estas medidas «liberalizadoras» agilizarán los plazos y ofrecerán mayores «certezas e garantías». En el caso del sector de la madera, la Xunta pretende facilitar a las 70.000 familias que viven de su industrialización todo lo relacionado con las tramitaciones administrativas y los impuestos, ya que tendrán una ventanilla única, coordinación que recaerá en la Consellería do Medio Rural.

INVERSORES

Carta de presentación. El nuevo marco legislativo servirá de carta de presentación para inversores extranjeros interesados en asentarse en Galicia. El ejemplo más reciente son las grandes corporaciones chinas, que en los próximos meses tienen previsto visitar la comunidad para adentrarse en nuevos sectores que aumentarán su relación de intereses, iniciada en los últimos años con adquisiciones en el sector conservero o en el siderúrgico.

Participación imprescindible de los concellos sin huella empresarial

La ley impulsada por el Gobierno autónomo se quedaría coja sin la colaboración de los ayuntamientos, receptores finales de la actividad industrial. Por ello, la Xunta trata de encajar legalmente un plan de captación de inversiones que recoja la posibilidad de que los concellos faciliten la implantación de empresas a través de la supresión total o parcial de impuestos, la bonificación de las tasas municipales, rebajas en el IBI, en el impuesto de actividades económicas o en el de construcciones, instalaciones y obras, así como en las licencias de apertura o la verificación a posteriori de cuestiones administrativas que permitan acelerar la puesta en marcha de una actividad. De igual modo, se les invita a ofrecer suelo empresarial propio a precios competitivos y la posibilidad de alquilar terrenos municipales.

Como es lógico, este esfuerzo de las Administraciones locales requiere una compensación, ya que se trata de sus principales vías de ingresos, que, sin embargo, se han visto sensiblemente mermadas en los últimos años. A cambio, la Xunta les ofrece la posibilidad de beneficiarse de las medidas promovidas por el Gobierno autónomo, como la prioridad en órdenes de ayudas para parques empresariales, viveros industriales o planes de eficiencia. En el acuerdo se incluirá la integración de los concellos en la oficina Doing Business, un canal de comunicación entre los inversores y las instituciones para detectar de la forma más rápida posible los atascos administrativos que se puedan producir, de forma que esas gestiones no sean un problema.

Esta propuesta, que ya conoce la Fegamp, no supondrá un «quebranto» para las arcas locales, aseguró ayer el conselleiro, por cuanto se pretende incorporar en aquellos ayuntamientos donde se implanten empresas atraídas por el nuevo marco legislativo, y no en aquellos núcleos con un tejido empresarial consolidado y con huella industrial.