Botín solo devolverá lo invertido en la ampliación del Popular a sus clientes

Lo hará con un bono que los obliga a permanecer en la entidad al menos siete años


madrid / la voz

Un mes y una semana después de adquirir el Popular por un euro, el Santander ha anunciado que devolverá a los pequeños inversores que acudieron a la ampliación de capital del 2016, así como a los bonistas, el dinero que vieron esfumarse el 6 de junio, con la resolución de la entidad y la amortización a cero de sus acciones.

Pero como el diablo está en los detalles, la oferta de Ana Botín, hecha pública en la tarde de ayer, está cuajada de ellos e impone una serie de condiciones a los perjudicados, que no recuperarán inmediatamente y en efectivo su dinero, sino a través de bonos «de fidelización» -con una rentabilidad anual del 1 %- que los obligarán a permanecer en la entidad un mínimo de siete años, además de renunciar a emprender acciones legales contra el banco.

Unos 25.000 gallegos

Se estima que algo más de 300.000 accionistas perdieron toda su inversión con la liquidación del Popular, previa a su venta. En el momento de la ampliación del 2016, del total de inversores, unos 60.000 eran gallegos, aunque esa cifra se había reducido a la mitad en el momento de la resolución, cuando quedaban entre 25.000 y 30.000 accionistas de la comunidad, clientes del Pastor.

El Santander quiso dejar claro ayer que la devolución es una «acción comercial voluntaria» decidida por el banco «pese a no tener obligación legal alguna». No tendrá carácter general, sino únicamente para los minoristas -personas físicas y empresas- que fueron a la ampliación y compraron acciones entre el 26 de mayo y el 21 de junio del pasado año, y para los tenedores de obligaciones subordinadas emitidas el 29 de julio del 2011 y el 14 de octubre del 2014 que las hayan mantenido depositadas en alguna de las redes del Grupo Popular en España o del Santander hasta la resolución de la entidad.

Según avanzó el banco que preside Ana Botín, les devolverán el 100 % de su dinero a quienes invirtieron hasta 100.000 euros, de modo que «la gran mayoría» recibirán bonos del Santander por el importe total que invirtieron, ya que el Santander estima que el 99 % de los clientes y empleados que compraron en la ampliación de capital lo hicieron por importes inferiores. Las inversiones de entre 100.000 y 500.000 euros obtendrán bonos por el 75 %, que se reducirán al 50 % para quienes desembolsaron entre 500.000 y un millón de euros.

En el caso de los accionistas, se entregarán bonos equivalentes a la inversión realizada, mientras que a los tenedores de subordinada se les descontarán los intereses percibidos en el período.

Igual fórmula que con Madoff

No es la primera vez que el Santander emplea este tipo de mecanismo de compensación, con el que, además de mantener a la clientela vinculada durante un número determinado de años, neutraliza los litigios y se ahorra costas judiciales. Ya lo hizo con los afectados por el caso Madoff. En esta ocasión, los bonos perpetuos que ofrece a los perjudicados del Popular, con un valor nominal unitario de 100 euros, darán a sus poseedores una rentabilidad anual del 1 %. Podrán ser amortizados a partir de los siete años, «a voluntad del Santander y previa autorización del BCE». Traducido, que solo si el banco quiere, en ese momento, el titular recibirá el 100 % de su inversión.

El Santander explica que el coste máximo derivado de la medida es de unos 680 millones de euros, pero matiza que no tendrá impacto en sus resultados porque tal cuantía ya está incluida en las provisiones que ha dotado la entidad.

El banco, que insiste en que su decisión es «un reconocimiento a la lealtad de los clientes que invirtieron en Popular» y que obedece al interés por «reforzar la relación» con ellos, registrará próximamente en la CNMV un folleto en el que se recogerán los detalles y plazos para participar.

La OCU lleva la liquidación a la Audiencia Nacional

 La OCU ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional un recurso contra la resolución del Banco Popular ejecutada el pasado 7 de junio por el FROB, al considerar que es contraria a derecho. La organización de consumidores ya presentó el pasado 12 de junio una querella contra el expresidente de la entidad Ángel Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la firma auditora PwC y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor.

En esta ocasión, la OCU dirige su acción por vía administrativa contra la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), para «aclarar el procedimiento y depurar responsabilidades», explica la organización en una nota.

Otras posibles acciones

La OCU, que no descarta otras acciones judiciales «en defensa de los intereses de pequeños accionistas e inversores», remitió hace unos días una carta a la Comisión Europea solicitando el acceso al expediente íntegro del procedimiento de resolución del banco. Asimismo, el abogado Felipe Izquierdo, en su doble condición de letrado y «estafado», ya que ha perdido 20.000 euros, pidió ayer al Juzgado Central de Instrucción número 4, cuyo titular es Fernando Andreu, que solicite a la firma auditora Deloitte el informe sobre el Popular que se presentó ante la JUR.

Al mismo tiempo, la asociación de consumidores Adicae ha solicitado las actas de las sesiones ejecutivas que llevaron a la resolución del Popular, dado el derecho que asiste a los accionistas «a conocer las razones por las que estos organismos tomaron una decisión tan extrema».

Hasta el momento, más de 16.870 afectados se han puesto en contacto con la organización a través de la plataforma Movilízate, con la que la OCU espera conseguir una compensación por el perjuicio sufrido.

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