El Santander ha reconocido la posibilidad de que recursos cotnra la decisión del FROB y contra las propias entidades bancarias
10 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El maremágnum de actuaciones jurídicas que ya han iniciado una parte de los perjudicados por el rescate del Banco Popular se incrementa a medida que transcurren no ya las semanas, sino prácticamente los días, desde que hace ahora un mes la Unión Europea declaró la inviabilidad de la entidad y el FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria) se la adjudicó al Santander. Asociaciones de consumidores, bufetes de abogados, agrupaciones de inversores minoritarios y algunos de los antiguos grandes accionistas del banco se han puesto en marcha para reivindicar lo que consideran, como poco, un error, y por lo que pleitearán para ser compensados por las pérdidas.
Aunque los frentes abiertos son aún muy heterogéneos, se estima que el coste de esa compensación, de ser aceptada en su conjunto por la Justicia, supondría entre 7.000 y 12.000 millones, según apuntan fuentes jurídicas y financieras. Sería el resultado de sumar la capitalización bursátil del Popular el día en el que fue intervenido -unos 2.098 millones, a razón de 0,5 euros por cada uno de los casi 4.200 millones de títulos en circulación hasta esa jornada, como calculó el FROB-, el valor nominal de los instrumentos de deuda antes de ser reconvertidos a 0 euros -más de 2.000 millones en todo tipo de activos como híbridos, participaciones preferentes o incluso deuda del banco- y otros conceptos, como la última ampliación de capital de 2.500 millones que el grupo emitió hace ahora un año.
Aunque todas estas cifras bailan continuamente, en función de contra quiénes actúen los perjudicados, el propio Santander ha reconocido -dentro del folleto informativo de la ampliación de capital que está llevando a cabo por 7.072 millones- la posibilidad de que «se presenten recursos contra la resolución del FROB, o bien reclamaciones frente a Popular, Santander u otras entidades del grupo derivadas de la adquisición» del primero o vinculadas con ella. La entidad, de hecho, reconoce que la resolución del caso «no tiene precedentes en España ni en ningún otro Estado miembro», y que esta circunstancia podría suponer un riesgo añadido.
La troika (Comisión Europea, BCE y FMI) estima que el coste de los litigios a los que se enfrentaría le supondrían hasta 4.000 millones al Santander.
Muchos despachos de abogados, bregados en los últimos años de crisis en litigar contra la banca por conflictos como los de las cláusulas suelo, la emisión de preferentes o incluso en salidas a bolsa, se preparan para actuar. Sin embargo, lo están haciendo de forma tan divergente que algunos expertos consideran que esta estrategia no podría dar los resultados esperados, al menos para todos y cada uno de los implicados.