Lourdes Arastey Sahún: «Debe aclararse la situación del personal laboral de las Administraciones públicas»

La magistrada de la sala de lo Social del Supremo advierte que esta imprecisión contractual afecta a cientos de miles de empleados


redacción / la voz

Sus firmes convicciones sobre jurisdicción laboral quedaron claras en la intervención que la magistrada Lourdes Arastey (Tarragona, 1959) ofreció el pasado jueves en las jornadas de Derecho Laboral organizadas por el Colegio de Abogados de A Coruña en colaboración con Asnala (Asociación Nacional de Laboralistas) en la sede de Afundación. Un aforo completo de juristas, profesionales y trabajadores que, de algún u otro modo, soportan las consecuencias de las debilidades legislativas evidenciadas como consecuencia de la crisis económica.

-¿La crisis ha mostrado una mayor litigiosidad en las relaciones laborales?, ¿los trabajadores, a propósito del cierre de empresas, han sido más vulnerables?

-Ha habido mucha más litigiosidad. Ha aumentado mucho. De hecho los juzgados de lo social han pasado a ser uno de los órganos judiciales más colapsados del país. Lo que ocurre es que cuando uno es despedido siempre recurre; si hay muchas extinciones de contrato va a haber muchos pleitos porque lo lógico es que el empleado luche por mantener su puesto de trabajo.

-Su intervención en A Coruña ha girado en torno a las consecuencias laborales en la sucesión de empresas.

-Tenemos un fenómeno de grandes disputas laborales en lo que se refiere a los cambios de empresario, es decir, cuando una compañía es sustituida por otra que se hace con el negocio o cuando se cambia la contrata. Esas situaciones deben contemplar siempre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores, de manera que no queden afectados por el hecho de que su empresario cambie. Es una garantía que está establecida en el derecho de la UE y que se plasma en el Estatuto de los Trabajadores, en plena consonancia con el derecho comunitario.

-¿Durante la crisis ha habido más cancelaciones o más sucesiones de actividad?

-Las dos cosas. Ha habido constantes cambios. Muchas empresas, y sobre todo la Administración pública, rompieron [durante ese período] la relación contractual en actividades que tenían subcontratadas. El problema que se genera es decidir si esos trabajadores pasan o no a prestar servicios con esa Administración pública. Es una preocupación importante, porque las Administraciones cuentan con muchos trabajadores laborales y durante un tiempo asumieron actividades que, con la crisis, optaron por reducir. Lo que debe resolverse es si se mantienen sus puestos de trabajo y cómo.

-Esa situación ¿a quién afecta?

-A cientos de miles de trabajadores en toda España.

-Desde el punto de vista legislativo laboral, en esa sucesión de actividades, ¿quien muestra una actitud más reprochable, la empresa privada o la pública?

-Hay mucha casuística de la Administración pública en estos momentos, pero derivada de la situación de crisis que hizo que se produjeran un montón de recortes. La complejidad de la sucesión de empresas se da en todos los sectores porque es una norma compleja y tiene sus dificultades de aplicación.

-¿Cando una compañía cambia de empresario, la plantilla siempre es la parte más vulnerable de la negociación?

-La plantilla puede ser vulnerable cuando la empresa que quiere comprar pretende hacerlo eludiendo la obligación que tiene de quedarse con ella. Ese es el litigio, que no se la quiera quedar; y lo que hay que analizar es si está obligada o no.

-Con el actual marco regulatorio, ¿qué asuntos en materia laboral resultaría imprescindible resolver?

-Sin duda, la situación en la que se queda el personal laboral de las Administraciones públicas, porque hablamos de cientos de miles de trabajadores en toda España y su situación jurídica es muy poco clara. También debe aclararse, con cierta urgencia, la definición de lo que se entiende por sucesión de empresa en cuestiones laborales.

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