El informe que avaló la resolución del Popular incluía un tercer escenario positivo para el banco

Da munición legal a los afectados, al valorarlo en 1.500 millones

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C. Porteiro
madrid, Bruselas / la voz

Las sombras sobre el proceso de resolución y posterior subasta exprés del Banco Popular no dejan de crecer. Las autoridades europeas continúan sin hacer público el informe de Deloitte que avaló la intervención de la entidad española, pese al aluvión de peticiones pidiendo transparencia, entre ellas el ministro de Economía o el presidente de la patronal bancaria. Y ahora se ha sabido que ese documento, encargado por la Junta Única de Resolución (JUR), incluía, además de la ya conocida horquilla negativa de entre 2.000 y 8.200 millones, una tercera valoración del banco, positiva en 1.500 millones, según avanzó ayer Vozpópuli, citando fuentes comunitarias.

La cifra no se incluyó en las informaciones sobre la resolución del Popular hechas públicas por la JUR y por el FROB, encargado de ejecutar la decisión de la autoridad europea, donde únicamente se hacía referencia a que el valor del banco era negativo y que, en función del escenario, los números rojos oscilaban entre los 2.000 millones (escenario central) y los 8.200 (adverso), por lo que procedieron a vendérselo al Santander por un euro. Ni rastro del escenario más optimista, en el que la valoración del Popular (1.500 millones) cercano a su valor en bolsa justo antes de la quiebra (casi 1.400 millones).

Esta desconocida tercera tasación de Deloitte es clave porque da más armas a los accionistas, tanto grandes fortunas como pequeños ahorradores, en la batalla que pretenden librar en los tribunales para recuperar su dinero, al considerarse «expoliados» con la fórmula adoptada para resolver el banco, muy diferente a la aprobada, tres semanas después, en el caso italiano.

La existencia de la valoración positiva fue calificada ayer de «kafkiana» por Jordi Calvo, socio del despacho Roca Junyent, que representa a la fortuna chilena Luksic, que ya a presentado un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del FROB. «Es otra prueba más de la opacidad del proceso, respalda nuestro planteamiento y nos da munición extra», añadió, quejándose de que, pese a haberlo solicitado, aún no han tenido acceso al polémico informe de Deloitte ni a la resolución completa de la JUR. Idénticos argumentos y análisis comparten otras defensas, como el abogado Felipe Izquierdo, al frente de la querella presentada por la OCU.

Bruselas sigue muda

En este escenario cada vez más enfangado, tanto el FROB como la UE se defienden. El primero, alegando que no tienen capacidad para publicar unos informes que no son suyos, sino de la JUR, y desde el organismo de resolución europeo, limitándose a decir que «estudia» la posibilidad de publicarlo, aunque no ha puesto fecha, a solo once días de que su presidenta, Elke König, comparezca ante el Parlamento Europeo para dar explicaciones,

Las normas de la UE reconocen la existencia de un «interés público superior» que podría justificar la revelación de documentos confidenciales. Pero la Comisión Europea se cierra en banda. Bruselas siempre ha defendido a la JUR: tomar la decisión de resolver el Popular fue un ejercicio tremendamente difícil en un contexto de deterioro repentino, pero las dudas se multiplican.

El banco recompra a los fondos el 51 % de Aliseda que no controla y pone a la venta todo su ladrillo

El consejo de administración del Banco Popular acordó ayer recomprar a los fondos de capital riesgo Värde y Kennedy Wilson el 51 % que no controla de Aliseda, la inmobiliaria del banco, por 180 millones de euros. Así lo comunicó la entidad a la CNMV. La operación, que concluirá en el tercer trimestre del año, le supondrá al banco un consumo de capital aproximado de 302 millones de euros. Aliseda tiene cientos de activos inmobiliarios en Galicia, desde pisos hasta locales o naves industriales, alguna a la venta por más de cuatro millones de euros.

Asimismo, el consejo, con gente de total confianza de Ana Botín, también acordó comenzar el «proceso de búsqueda de socios» para deshacerse del lastre inmobiliario, en concreto, una cartera de activos adjudicados y créditos inmobiliarios morosos por un valor bruto de unos 30.000 millones. Pedro Pablo Villasante, consejero independiente del banco, será el encargado de supervisar el proceso, en concreto, «velará por la transparencia y la gestión de los potenciales conflictos de interés», mientras que Morgan Stanley actuará como asesor en toda la operación.

Los criterios para la elección de socios para liberarse del ladrillo serán «el precio, la experiencia en este tipo de operaciones y la capacidad de gestión y ejecución». Y será una manera de desprenderse ya de ese lastre, el mayor problema del Popular.

Igualmente, el consejo aseguró que hay «pleno restablecimiento de la normalidad en las oficinas» tras las fugas de clientes y depósitos que se mantuvieron en las últimas semanas.

El Estado sale al rescate del FROB tras perder otros 1.700 millones el año pasado

El rescate público del sector bancario incrementa su factura con el paso de los años, al mismo tiempo que el organismo que lo gestiona cada vez precisa más ayuda de la Administración. La radiografía que muestra el FROB volvió a arrojar unas pérdidas de 1.693 millones en 2016. Las cuentas del Fondo, que controla las participaciones del Estado en las entidades intervenidas, han empeorado un 11 % en un año. Su situación es tan delicada que si se tratara de cualquier compañía al uso estaría abocada a la quiebra. Su patrimonio neto se sitúa en -1.609 millones. Por eso, el Estado se ha visto obligado a respaldarlo con 3.000 millones de euros. Lo ha hecho convirtiendo parte del préstamo que concedió al Fondo hace cinco años en capital. Así, el patrimonio arroja un saldo positivo de 1.391 millones.

Detrás de esos números está el fuerte deterioro de sus participaciones en Bankia, BMN o la Sareb, o las nuevas garantías para cubrir, entre otras, las cláusulas suelo de entidades como la antigua Novagalicia (96,6 millones).

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