El alto coste de ser autónomo dispara en Galicia la facturación cooperativa

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

MIGUEL VILLAR

Hacienda investiga si estas plataformas «on-line» ocultan fraudes a la Seguridad Social

19 jun 2017 . Actualizado a las 04:00 h.

Javier es traductor. Trabaja por encargo para editoriales y también para empresas de manera ocasional. Tiene ingresos, pero no son regulares. Algunos meses no llegan para cubrir la cuota mínima de autónomos, que a partir del 1 de julio será de 275 euros. Para no caer en la ilegalidad, Javier ha optado por asociarse a una cooperativa de facturación, una fórmula de negocio que está creciendo a través de Internet, y que cada vez cuenta con más abonados gallegos.

El sistema es muy sencillo: el trabajador se registra como socio de la cooperativa pagando la inscripción y realizando un depósito (de entre 60 y 80 euros, que se devuelven al darse de baja). A partir de este momento, es la propia plataforma la que emite la factura en nombre del trabajador, cobrando por ello un 6 % en gastos de gestión, un 2 % de IRPF, un 10 % de impuesto de sociedades y las cotizaciones correspondientes en el régimen general de la Seguridad Social.

En teoría, las tres patas del negocio salen beneficiadas: el trabajador no tiene que afrontar los costes que conlleva cotizar por ser autónomo, la cooperativa percibe su porcentaje correspondiente y la empresa cliente recibe su factura.

Las organizaciones de autónomos denuncian que es un modelo al límite de la legalidad El modelo funciona, y tiene cada vez más demanda, sobre todo entre los jóvenes profesionales. Y prueba de ello es que cada vez hay más oferta de este tipo de plataformas, que se presentan como la solución para no tener que darse de alta en el RETA (régimen especial de trabajadores autónomos). «Una vía legal de facturar sin ser autónomo», dice Cooperativaonline. «Cotiza solo por los días que trabajes», dice Factoo. «Mantén el paro y factura legalmente tus trabajos», afirma Freeautonomos.

Respuesta a una necesidad

El mensaje no puede ser más oportuno y más directo. Nadie hasta ahora había cuestionado su legalidad. Pero su proliferación en los dos últimos años está empezando a jugar en su contra y desde las propias organizaciones de autónomos se asegura que las cooperativas de facturación son «un modelo que se encuentra al límite de la legalidad».

Dicen que el trabajador factura a través de la cooperativa como si fuese un asalariado de esta, y no como un autónomo. Además, el alta en la Seguridad Social se realiza solo para emitir la factura, y no durante el tiempo en el que el trabajador haya realizado el trabajo. De hecho, muchas asociaciones creen que estas cooperativas pueden incentivar el fraude fiscal.

Trabajo sospecha que esta fórmula es una tapadera para la economía sumergida Estas quejas de los autónomos de verdad han llegado al Ministerio de Empleo, que esta semana anunciaba la puesta en marcha de un plan para investigar la legalidad de estas cooperativas, y ver si suponen un perjuicio real para la Seguridad Social y si, como sospechan, se están convirtiendo en una tapadera de economía sumergida.

Pero las plataformas se defienden. «Estamos dando respuesta a una necesidad que la Seguridad Social no es capaz de solucionar: que el RETA supone un sobrecoste que muchos autónomos no son capaces de asumir», dicen desde On-autonomos.

«No es economía colaborativa, alguien se está lucrando»

Cuestionan el modelo de las cooperativas de facturación y lo califican de «coladera de ilegalidad»

El Gobierno ha puesto en el punto de mira las cooperativas de facturación, y las principales organizaciones de autónomos consideran que es el momento de destapar un negocio que suscita dudas desde el punto de vista legal, y que no para de crecer.

«Están aprovechando una situación de vacío legal para que personas que trabajan por cuenta propia eludan la obligación de darse de alta y pagar los impuestos», afirma Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión Profesional de Trabajadores Autónomos). Abad cuestiona el modelo y lo califica de «coladera de ilegalidad». «Operan como plataformas y se sirven de la tecnología para llegar a la gente más joven, pero eso no es economía colaborativa, porque alguien se está lucrando», afirma el líder de UPTA.

Abad advierte a los usuarios de estas plataformas que esta fórmula no es válida en ningún caso para trabajadores que facturan regularmente. «Si alguien recurre a una cooperativa para emitir facturas regularmente, recibirá una multa de Hacienda a la mínima inspección», avisa.

Álvaro Viqueira, de ATA-Galicia, también cuestiona el modelo. «Con independencia de que su legalidad esté cuestionada en estos momentos (hecho que en todo caso no nos correspondería a nosotros entrar a valorar), desde el punto de vista del trabajo autónomo entendemos que esta forma organizativa de cooperativismo realmente no fomenta la creación de trabajo autónomo, que debe ser el fin último de este tipo de entidades», afirma.

Uso fraudulento

Para esta organización, «lo que facilitan al profesional es meramente la posibilidad de facturar los trabajos realizados de forma puntual, pero no ofrecen un verdadero fomento del trabajo por cuenta propia, y por tanto la esperada creación de empleo», asegura. «No son un timo ni son ilegales del todo, pero pienso que son alegales, ya que realmente no son cooperativas de trabajo asociado; lo que aprovechan estas empresas es el problema de mucha gente que no factura demasiado y que, si ha de pagar el autónomo, no le sale a cuenta. En cualquier caso, la raíz del problema es el uso fraudulento que los trabajadores estén haciendo de este tipo de cooperativas, cuando sus ingresos son regulares y tendrían que estar cotizando como autónomos», afirma Rubén Pérez Requejo, asesor laboral de un despacho de abogados de Vigo.