Dos expresidentes de Cepyme afirman que la cúpula de la patronal conocía y avaló las remuneraciones por las que se los juzga

Jesús Barcenas y Jesús Terciado están acusados de cobrar supuestamente de forma opaca sueldos no autorizados con cargo a las arcas de la organización


Madrid / ColpisA

Los expresidentes de Cepyme Jesús Barcenas y Jesús Terciado, acusados de cobrar supuestamente de forma opaca sueldos no autorizados con cargo a las arcas de la organización, de la que percibieron un total de 1,22 millones de euros en tres años, declararon ayer ante el tribunal que los juzga que las cúpulas tanto de la propia confederación de la pequeña y mediana empresa como de la gran patronal, la CEOE, estaban al tanto de lo que pasaba. Esta versión fue ratificada por tres ex secretarios generales de la primera, que también se sientan en el banquillo.

La línea común de sus declaraciones fue que tales remuneraciones, pese a no estar contempladas en los estatutos de Cepyme -que recogían de forma expresa que el cargo de presidente «no está retribuido con honorarios profesionales por sus servicios»-, sí eran «conocidas por todos» y contaban incluso con el aval de la CEOE, de la que según ellos «dependían sus cuentas», aunque son entidades jurídicas diferentes.

Según José Manuel Vilar, que fue gerente de Cepyme, era dicha patronal la que daba «indicaciones sobre los pagos», que comenzaron en la etapa de José María Cuevas al frente de la misma y siguieron con sus sucesores, tanto con Gerardo Díaz Ferrán como incluso con Juan Rosell. De hecho, el actual presidente de Cepyme y número dos de CEOE, Antonio Garamendi, declaró al tribunal que él tiene sueldo oficial «desde hace tres meses» tras haberse «aclarado los estatutos». Sin embargo, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, testificó que aunque sí podía tener conocimiento de lo que ocurría, carecía de poder de decisión, al ser entidades «absolutamente autónomas».

Jesús Terciado, por su parte, ha negado que los problemas económicos de Cepyme se debieran a esos sueldos, que, según el juez que instruyó el caso, se «enmascararon» como aparentes «asesoramientos y consultorías». El deterioro, según él, se produjo en el 2012 al devolver un millón al Estado por irregularidades en la fundación para la formación. A su vez, Jesús Barcenas justificó el cobro de un sueldo, disimulado dentro de una partida para la alta dirección y sin que constara su nombre, en que tenía «dedicación exclusiva al cargo» y por ello apenas tenía tiempo de atender sus labores empresariales.

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