El Estado descarta un arbitraje y empuja a los accionistas del Popular a los tribunales

Santander, BCE y FROB se señalan mutuamente como responsables ante potenciales demandas


madrid / la voz

La presidenta del Santander, Ana Botín, lo dejó claro el miércoles, pocas horas después de comprar por un euro el Banco Popular: los accionistas de la entidad que vieron esfumarse todo su dinero tendrán que ir a los tribunales si quieren algún tipo de compensación. Son en torno a 300.000, 25.000 de ellos, pequeños ahorradores gallegos. El nuevo dueño no tiene previsto resarcimiento alguno, aunque los afectados son ahora clientes y se arriesga a perderlos. Y ayer el FROB, es decir, el Estado, se sumó a ese discurso, descartando la posibilidad de poner en marcha un arbitraje o solución extrajudicial, como ocurrió con las preferentes o en el caso de la salida a bolsa de Bankia. Esto deja una única salida a los perjudicados: recurrir a los tribunales.

La avalancha de demandas puede alcanzar proporciones épicas en un caso especialmente complejo en el que los implicados ya están tratando de sacudirse cualquier tipo de responsabilidad. Ayer mismo lo hicieron el Santander, que señaló al Banco Central Europeo; este, que se lavó las manos dejando claro que solo declaró inviable el banco; y el FROB, que cerró el círculo apuntando, de nuevo, al Santander, ahora dueño de la entidad. 

¿Quién puede demandar?

Quienes más fácil tienen llegar a recuperar su dinero son los accionistas que suscribieron la última ampliación de capital que realizó el banco, en junio del pasado año, por 2.500 millones de euros. «Podrán reclamar la inversión basándose en que la información facilitada para dicha ampliación contenía unas cuentas incorrectas o falseadas», explican desde Lean Abogados, que no descarta la posibilidad de que quienes fueron a la anterior ampliación (en el 2012) también puedan reclamar sus pérdidas. Ese despacho anima a acudir los tribunales a aquellos a quienes les vendieron bonos convertibles y que también lo han perdido todo. 

¿Vía civil o penal?

«A través de la vía civil habría que pedir la nulidad de la adquisición de las acciones de la ampliación, por vicio en el consentimiento prestado, por error o dolo (hay antecedentes, desde las preferentes a las cláusulas suelo) si en la información recibida se ocultaron variables relevantes o se ocultó la realidad económica de la entidad, e incluso si la proporcionada fue falsa, algo que pudo ocurrir en la última ampliación», explica el vigués Óscar Arce, de Arquero & Arce Abogados. Cabe recordar que el 3 de abril, siendo ya Emilio Saracho presidente, el Popular admitió ante la CNMV un error contable de 600 millones en las cuentas del 2016, lo que da munición a los afectados. El abogado Xoán Pérez-Lema, de la asociación Acoga, considera que «na venta desas accións produciuse un erro substancial na contratación porque se enganou ao comprador».

Además de la civil, también está abierta la vía penal por las responsabilidades de los exdirectivos (Ángel Ron y su consejo) en la potencial falsedad del folleto de la última ampliación y en la gestión que acabó haciendo inviable al banco. Aunque Saracho no reformuló las cuentas del 2016, eludiendo responsabilidad en ellas, sí está en cuestión la gestión, u omisión, que hundió el valor de los títulos y desembocó en la quiebra de la entidad. 

¿A quién se denuncia y ante qué órgano?

«Ha sido una administración temeraria, sobre todo desde la última junta general», sostiene Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo y secretario general de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que ya agrupa a 385 accionistas con el 3,5 % del capital. Ayer ya presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional contra los gestores de la entidad, entre ellos Saracho y el mexicano Del Valle.

Numerosos despachos han anunciado ya próximas demandas. Hay que distinguir si la reclamación judicial se centra en la ampliación de capital, en cuyo caso los responsables serían los gestores de la entidad en aquel momento y el órgano el juzgado correspondiente, o si es por la resolución y venta del banco, que provocó la pérdida de todo su dinero a los accionistas. El BCE declinó ayer toda responsabilidad, subrayando que se limitó a declarar inviable el banco, mientras que el Santander apuntó al supervisor europeo como responsable de tomar la decisión que volatilizó el dinero de los inversores. 

¿Y los plazos?

«Hay que mantener la calma y no precipitarse al demandar. Esto va más allá de un engaño y habrá que pedir responsabilidad patrimonial a los administradores», aconseja Marcelino Tamargo, director y fundador de Espacio Legal. El plazo más restrictivo para reclamar por la ampliación de capital expira en mayo del 2019. Los expertos señalan también que si el Santander no tiene un «gesto» con los damnificados se arriesga a perderlos como clientes que son desde el miércoles.

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