El exdirector de la entidad asegura que «nunca» se modificaron las cuentas, pese a que la caja pasó a registrar pérdidas de 1.139 millones de euros
30 may 2017 . Actualizado a las 22:14 h.El expresidente de la CAM Modesto Crespo ha defendido este martes en la vista oral que acoge la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en las cuentas de la entidad que «nadie» le informó de que tenía problemas de solvencia sino que incluso una semana antes de la intervención de la caja en el 2011 «las noticias eran positivas».
«Yo desconocía los procedimientos internos», ha dicho el expresidente de la entidad alicantina a preguntas del fiscal del caso Luis Rodríguez Sol a quien le ha precisado que las cuentas aprobadas en el 2010 y en el 2010 eran «positivas», salieron adelante «por unanimidad» del Consejo de Administración y venían respaldadas por el informe favorable de KPMG, la auditora que firmó las cuentas al entender que no había riesgo de insolvencia.
Crespo, para el que la acusación particular pide nueve años de cárcel, se ha referido así a la comunicación hecha por los gestores de la caja a las autoridades financieras de unos beneficios de 38,9 millones de euros pese a que tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones.
Se trata de la segunda vista oral de este juicio que sienta en el banquillo de los acusados a la excúpula de la caja por los delitos de falsedad en las cuentas anuales, estafa y apropiación indebida por su gestión que derivó en la quiebra de la caja en 2011.
El exdirector afirma la caja no era «lo peor de lo peor»
El que fuera director general de la CAM entre el 2001 y el 2011, Roberto López Abad, ha respondido este martes que la entidad «no era lo peor de lo peor» como insinuó el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y ha asegurado que KPMG auditó las cuentas del 2010 y 2011 y las admitió «sin salvedad».
El exdirectivo de la caja y su adjunta María Dolores Amorós han defendido la solvencia de la entidad alicantina en el marco de la causa que sigue la Audiencia Nacional contra ocho exaltos cargos de la misma por falsear presuntamente las cuentas. La Fiscalía pide para ellos penas de prisión que oscilan entre diez meses y siete años y medio por los delitos de falsedad en las cuentas, estafa agravada y apropiación indebida.
Los dos acusados han negado durante el interrogatorio haber dado instrucciones para variar los estados financieros, si bien López Abad ha concretado que KPMG, que llevaba trabajando con la caja 19 años, «auditó las cuentas» y las admitió «sin salvedad». Amorós por su parte ha matizado que aunque las presentadas en el primer semestre del 2011 eran definitivas, las del segundo eran provisionales, por lo que ella «nunca» pudo decir que reflejaban la imagen fiel de la CAM.
La Fiscalía acusa a la antigua cúpula de maquillar los estados para, por un lado, poder integrar el Sistema Institucional de Protección (SIP) con otras tres cajas, y, por otro, adjudicarse una serie de complementos retributivos que le costaron a la CAM 20 millones de euros.
Preguntada por cómo pudo la caja pasar de registrar unos beneficios cercanos a los 39 millones de euros a unas pérdidas de 1.136 millones en apenas tres meses de plazo, Amorós ha matizado que fue debido a las exigencias de capital y al «importante saneamiento» al que fue sometida antes de que estos criterios fueran homogeneizados por el supervisor en el 2012 para todo el sector financiero.
«Yo llego a la conclusión que se anticiparon criterios y se puso en pérdidas; se adelantaron normas contables que no salieron hasta el 2012 y el 2013», ha declarado ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en esta segunda sesión de juicio en la que ha denunciado que el acta de la entidad en la que presuntamente ella da el visto bueno a los resultados del 2011 estaba manipulada. «Yo no puedo decir eso en la vida», ha asegurado.
Amorós, que ha reivindicado que trabajó para la CAM durante más de treinta años, ha apuntado que el Banco de España «intentó» que la caja suspendiera las pruebas de estrés a las que se someten las entidades financieras aunque no ha criticado a la institución sino «la actuación de algunas personas».
Los dos exdirectivos de la CAM han negado haber dado dado instrucción alguna de que se modificaran las retribuciones entre la cúpula directiva cómo apunta el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación sino que más bien la única decisión que se tomó -en el caso de la exdirectiva- fue renunciar a unos incentivos de 100.000 y pedir al resto de directivos que hicieran lo propio.
A preguntas de su letrado, ésta ha descartado igualmente haber intervenido en procesos de reclasificación de créditos porque no tenía competencia en dicha materia, y ha alegado que siendo ella directora general de la caja (entre diciembre del 2010 y agosto del 2011) se aprobó una única titulización que no fue ajustada hasta junio del 2011.
Con todo, el supervisor intervino el 23 de julio del 2011 la entidad en uno de los rescates más costosos de la banca en España y la adjudicó al Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro, según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación.
Según han recordado a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado que inició la instrucción de la causa, Javier Gómez Bermúdez, concluyó que la entidad ocultó información al auditor KPMG en el 2010 en relación a las opciones de recompra que tenían unas titulizaciones de crédito por valor de 168 millones de euros.
Una vez conocida la existencia de estas opciones, KPMG requirió a la entidad, ya intervenida, para que corrigiera este hecho en sus cuentas, advirtiéndolo en el informe de auditoría del 2011.
Respecto a las cuentas del primer trimestre del 2011, la entidad hizo público un resultado positivo de 38 millones de euros, aunque esas cuentas no habían sido auditadas. Las cuentas auditadas del primer semestre del 2011 reflejaron un resultado negativo de 1.136 millones de euros, con unas dotaciones netas por importe de más de 1.150 millones.