La Agencia Tributaria estableció que el expolítico controla junto a su entorno un mínimo de 26,6 millones
24 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Rodrigo Rato imitó el funcionamiento de caja única de Nueva Rumasa y los métodos rancios de la familia Ruiz-Mateos que han terminado llevando al banquillo a los hijos del empresario ya fallecido por delitos como estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Uno de ellos, el blanqueo, también se le atribuye al expolítico metido a financiero por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, quien investiga a cuánto asciende realmente su patrimonio y si ha ocultado parte. Tras sus primeras pesquisas, la Agencia Tributaria estableció que controla junto a «su entorno» un «mínimo» de 26,6 millones, y en sus conclusiones provisionales determinó en febrero que había dejado de declarar más de 14 millones entre el 2004 y el 2015, lo que supondría un fraude de hasta 6,8 millones.
Para lograr esa ocultación sacó provecho del complejo entramado societario que llegó a crear, con una veintena de empresas en España y otra decena fuera, aunque buena parte eran instrumentales y «han carecido de sustancia económica», según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Su fin principal, según ella, era «velar, ocultar u hacer opaca la identidad de su beneficiario efectivo con el objetivo de perjudicar a la Hacienda Pública».
Así pasó, por ejemplo, con Cor Comunicación y otras cuatro firmas (Viajes Ibermar, Total Congress XXI, Muinmo y Rueda Emisoras), con las que facturó 82,96 millones a una docena de empresas que fueron privatizadas (o culminado ese proceso) cuando Rato era ministro de Economía. De hecho, mientras ejerció ese cargo llegó a percibir casi el 35 % de ese montante a través de aquellas.
Las firmas citadas, al igual que otras de su entramado, actuaban bajo la forma de «gestión conjunta». La ONIF destaca la utilización de algunas para «simular un negocio» por el que recibían pagos de otras compañías (Telefónica, Banco Santander, CaixaBank…) que, en realidad, correspondían a servicios prestados por el exministro. «Con ello se oculta la persona física -señala Hacienda- a través de sociedades interpuestas» y, con frecuencia, «opacas», de las que se sirve luego como «un cajón de sastre» para «disimular ganancias patrimoniales» y, a la vez, aplicarse como deducibles gastos que no lo eran.