Uno de cada tres hogares gallegos eligen contratos de luz que encarecen su recibo

f. fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

MARTA CARBALLO / MARCO GUNDÍN

Medio millón de clientes operan en el mercado libre, más gravoso, según Competencia

03 abr 2017 . Actualizado a las 16:37 h.

Uno de cada tres hogares gallegos tienen suscrito un contrato de luz con alguna de las cuatro principales comercializadoras que operan en el mercado libre de electricidad. Según datos facilitados por Gas Natural Fenosa, Endesa, Iberdrola y Viesgo, hay ya 516.000 clientes en la comunidad en ese negocio que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ofrece precios más caros que el regulado. Este último, sometido a las reglas de juego impuestas a las compañías por el Gobierno, incluido su margen de beneficios, continúa manteniendo una hegemonía aplastante en Galicia, con 1.141.600 abonados. Todo lo contrario ocurre en el conjunto de España, donde el otrora mercado minoritario cuenta ya con el 54 % de los usuarios: 13,9 millones, frente a 11,9. Hace un año superó en clientes al regulado y sus adeptos avanzan a un ritmo de un millón al año.

Pese a ese balance a favor del regulado en Galicia, tres de las cuatro principales compañías comercializadoras tienen más abonados en el libre que en el vigilado por el Gobierno. La balanza hacia este último la inclina Gas Natural Fenosa, que tiene cinco veces más clientes que las otras tres juntas.

Muchos de los usuarios habrán sido conscientes de que han contratado la luz con una comercializadora de mercado libre, pero otros se cambian, o los cambian, sin saberlo, como denuncian las organizaciones de consumidores. La CNMC también ha constatado estas prácticas de engaño y hace unas semanas comunicó una multa de 155.000 euros a Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Endesa y Viesgo por cambiar el contrato de varios clientes para pasarlos al mercado libre sin su consentimiento expreso.

El mismo regulador realiza cada seis meses una encuesta entre los consumidores para examinarlos. Y la última, de noviembre pasado, revela que el 44 % de los consultados no sabían qué tipo de tarifa eléctrica tenían contratada, y un cuarto de ellos tampoco conocían qué potencia eléctrica tenían disponible en el hogar.

La complejidad que rodea a este mercado explica en parte ese grado de desconocimiento. Pero esta situación se produce en plena campaña intensa de las grandes compañías eléctricas para sumar nuevos clientes a sus comercializadoras de mercado libre. ¿Por qué? Para zafarse de las garras del Ministerio de Energía y pactar directamente con el cliente precios y condiciones del contrato. Pero, según la CNMC, tener un contrato de este tipo no sale a cuenta y es más barata la tarifa regulada. Sin embargo, muchos usuarios se dejan conquistar por los descuentos que prometen las compañías del negocio libre durante el primer año, que a partir del segundo se convierten en subidas enmascaradas. Además, otro caramelo que atrapa al consumidor es la oportunidad de abonar un precio fijo cada mes y librarse de los sobresaltos que da el regulado. Pero esa estabilidad se paga y la factura engorda al final de año.

Las comercializadoras que operan bajo las órdenes del Gobierno también están obligadas a ofrecer una tarifa fija mensual; en diciembre de cada ejercicio se revisan los precios de mercado y se regularizan las cantidades.

Los expertos advierten de que el negocio libre no tiene nada de malo, aunque el cliente debe saber negociar con la empresa para obtener una tarifa ajustada a sus necesidades y que no incluya servicios adicionales que en realidad no se precisan y que son los que encarecen el recibo eléctrico.

Más a salvo de los cortes de luz

Otra diferencia importante entre estar en uno u otro mercado es la regulación sobre los cortes de suministro por impago de facturas. En el vigilado por el Gobierno, las comercializadoras deben dar un margen de tiempo de dos meses a los clientes en esa situación antes de dejarlos sin luz. En el libre, la interrupción puede ser instantánea. Además, en el regulado también se ofrece la posibilidad de acogerse al bono social, que no existe en el otro, y que proporciona un descuento del 25 % en el recibo a hogares con determinadas características. Dentro de unos meses está previsto que se tome en cuenta la renta familiar.