Juzgados gallegos anulan ejecuciones hipotecarias al ver cláusulas abusivas

El Gobierno prorroga la moratoria de desahucios y amplía los colectivos vulnerables

Los créditos y depósitos en Galicia Los créditos y depósitos en Galicia

redacción / la voz

Juzgados gallegos comienzan a anular ejecuciones hipotecarias cuando advierten que en los contratos de particulares, de consumidores (no de empresas), hay alguna cláusula que puede considerarse abusiva y llevar a que el afectado se quede sin su vivienda. Esa situación se está viendo ya en algunas salas judiciales tras la petición de plataformas antidesahucio y amparadas por diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En la sala del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Vigo, el juez examina demanda por demanda y las va suspendiendo cuando aparece la cláusula de vencimiento anticipado. ¿En qué consiste? Permite al banco dar por vencida la totalidad de la deuda o préstamo con anterioridad al plazo acordado para su devolución cuando el deudor incumple su obligación de pago. Y abre así el procedimiento de ejecución. Pero sucede que esa cláusula puede ser considerada abusiva y, por tanto, tumbar esa ejecución.

Y esa medida que está tomando ya un juez de Vigo la van a replicar también los jueces de Vilagarcía. Su decanato ha decidido por unanimidad la «suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que el deudor ostente la condición de consumidor y en los que la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado sea objeto de debate». Los juzgados de Ferrol están a la espera de lo que acuerde la Audiencia Provincial de A Coruña. Hay algunos (pocos) trasladados para eventual suspensión, pero aún no ha habido respuesta.

En otras ciudades gallegas (A Coruña, Pontevedra, Santiago o Lugo) no ha habido pronunciamiento alguno y se siguen produciendo ejecuciones, que es el paso previo a que una persona pierda la vivienda por la que paga al banco. Con todo, el número de procedimientos sobre viviendas de personas físicas cayó el año pasado un 60 % hasta quedarse por debajo de las 500 (434, en concreto).

Detrás de todo esto hay, sin embargo, un notable debate jurídico, porque el tribunal de Luxemburgo ha dejado a expensas de lo que decida cada juez la declaración de abusiva de esa cláusula. Los bancos han denunciado públicamente -lo han dicho algunos de sus más altos directivos- que eso genera una notable inseguridad jurídica en la redacción de los contratos hipotecarios.

Mientras, el Consejo de Ministros aprobó ayer prorrogar -es la segunda vez- la moratoria para los lanzamientos hipotecarios (proceso judicial para desahuciar) de vivienda habitual. Así, los bancos mantendrán suspendidos los desahucios los próximos tres años, hasta el 2020, después de haberlo hecho ya con anterioridad en febrero del 2015 y por espacio de dos años.

El decreto ley incluye novedades. De entrada, amplía los colectivos vulnerables a los que extiende la protección frente a los lanzamientos. Quedará amparada la unidad familiar de la que forme parte un menor de edad, en lugar de limitarse a tres años, como hasta ahora. También se elimina la exigencia de dos hijos a cargo para las familias monoparentales, que podrán acogerse siempre que tengan una criatura, al igual que en el caso de las víctimas de violencia machista.

Igualmente, se amplía la suspensión de desahucio a las personas en paro, eliminando el requisito anterior de haber agotado las prestaciones por desempleo. También quedan amparadas en el decreto de moratoria las unidades familiares en las que haya discapacitados, dependientes o enfermos graves vinculados hasta en tercer grado de parentesco o afinidad con el titular de la hipoteca o su cónyuge y que acrediten la incapacidad para trabajar.

Alquilar la vivienda ejecutada

Otra novedad que se introduce en el código de buenas prácticas -de adhesión voluntaria por parte de la banca y que en la actualidad cuenta con 93 entidades- es la posibilidad de que, durante la vigencia de la moratoria, el deudor hipotecario al que el banco haya ejecutado su vivienda pueda solicitar a la entidad el alquiler social de la misma.

«Podrán pedir que la vivienda puedan arrendarla durante cinco años extensibles a otros cinco», señaló el ministro de Economía, Luis de Guindos. La normativa explicita que el precio máximo anual de dicho alquiler no podrá superar el 3 % del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate determinado según tasación.

Con información de las delegaciones de La Voz de Galicia

El crédito vuelve a caer en Galicia y retrocede a niveles de hace 12 años, mientras los depósitos siguen al alza

Parecía que el 2016 podía marcar un punto de inflexión en el mercado crediticio gallego. Pero la curva sigue bajando. El saldo total de dinero prestado por los bancos a familias y empresas en la comunidad cerró el pasado ejercicio con la cifra más baja desde mediados del 2005. Según los datos que ayer actualizó el Banco de España, hay un volumen total de crédito de 40.120 millones de euros. En diciembre del 2015 la cifra era ligeramente superior, hasta los 40.200 millones. Es una caída del 0,2 %, muy por debajo de lo que se detecta a nivel estatal, donde la bajada está en el 4 %.

Sucede que aunque la banca ha abierto definitivamente el grifo del crédito, el volumen de amortizaciones sigue siendo mayor que el de nuevas operaciones. Además, estas lo son por un importe menor, y más centradas en el mercado del consumo que en el de la industria o las hipotecas, según fuentes del mercado.

Se nota el descenso en la economía productiva, pero bastante más en la Administración. Los fondos prestados a concellos, diputaciones... en Galicia se han desplomado un 12 %. Sumados ambos (Administraciones y particulares), la cifra está en los 42.562 millones.

En el otro lado de la cuenta, los depósitos. Las cuentas de ahorro, a la vista o a plazo de familias y empresas gallegas siguen en niveles históricamente altos, por encima de los 57.000 millones de euros (59.700 con Administraciones). Aumentan a un ritmo anual de casi el 3 %, sobre todo por el tirón de las cuentas a la vista, es decir, de las que permiten la disponibilidad inmediata. En solo un año, esa bolsa ha crecido un 25 % hasta los 14.000 millones. En cambio, han retrocedido más de un 13 % las cuentas a plazo, por la bajísima remuneración que están dando los bancos.

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