Rato y Blesa son condenados, junto a otros 63 exdirectivos y consejeros de Caja Madrid, a penas de entre tres meses y seis años. Deberán devolver el dinero dilapidado y pagar 220.000 euros en multas
24 feb 2017 . Actualizado a las 15:27 h.No coló. El intento de los 65 exdirectivos y exconsejeros de la antigua Caja Madrid y de Bankia de presentar las polémicas tarjetas black como un instrumento que complementaba sus retribuciones no ha sido aceptado por los magistrados de la Audiencia Nacional que, en los 259 folios de la sentencia publicada ayer, concluyen que los plásticos opacos al fisco fueron en realidad la herramienta utilizada para cometer un delito continuado de apropiación indebida. Por él condenan a todos los acusados -entre ellos el que fue jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, el antiguo líder de la patronal Gerardo Díaz Ferrán o el empresario Javier López Madrid-, a los que imponen penas que oscilan entre un mínimo de tres meses y un máximo de seis años de cárcel (el desglose se puede consultar en el gráfico que acompaña la información).
Pero el mayor castigo recae en los expresidentes de la caja intervenida, a los que se considera autores del delito. A Miguel Blesa, mandatario entre el año 2003 y el 2010, le caen seis años, mientras que al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que le tomó el relevo en la entidad durante los siguientes dos años, lo condenan a cuatro años y medio. En ambos casos, el criterio de los jueces coincide con la petición efectuada por el fiscal anticorrupción.
Se libran, eso sí, de la otra acusación que pendía sobre sus cabezas, la de administración desleal, que les atribuían tanto el FROB y Bankia, que también habían señalado al ex director general de medio de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj. A este último, que gestionaba la operativa diaria de las tarjetas, el tribunal lo considera colaborador y también cómplice de todo el entramado montado, por lo que le imponen dos años y seis meses de prisión.
En una sentencia dura, los magistrados consideran probado que tanto Rato como Blesa antepusieron sus fines personales a los intereses de la entidad que dirigían. «Nada opusieron, sino al revés, a que se pudiera lograr un enriquecimiento con unas cantidades dinerarias de las que eran los primeros en lucrarse, a través de unas tarjetas de empresa de las que uno y otro fijaban los importes y señalaban a los que se verían favorecidos», apuntan para concluir que «se rindieron a una práctica que dilapidaba el patrimonio gestionado».
La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, se remonta a 1988 para explicar el origen de los cuestionados plásticos, cuando bajo la presidencia de Jaime Teceiro se acordó dignificar las retribuciones de los consejeros a través de una tarjeta que vendría a complementar las dietas que ya recibían. Fue en 1996, tras su relevo por Miguel Blesa, cuando este «propició» que los miembros del consejo y de la comisión de control recibieran una Visa de empresa de la que podían disponer «sin justificación del gasto», «viabilizando así una percepción dineraria» extra pese a «constarle que la única autorizada contra el patrimonio» de la entidad era la dieta. El propio presidente se puso dos tarjetas al llegar al cargo, una para gastos de representación y otra también corporativa «al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarla a atenciones netamente personales».
Cuando Rato, antiguo ministro de Hacienda, tomó las riendas de la entidad, no solo no corrigió la práctica, sino que según se da por probado en el fallo la extendió a sus colaboradores más cercanos.
No podrán trabajar en banca
La sentencia, que atenúa las penas a todos los acusados que han devuelto el dinero (especialmente a los que lo reintegraron a la entidad, sin esperar al requerimiento judicial), obliga a reponer el resto del importe, hasta completar los 12 millones dilapidados. Y hace a Blesa, Rato y Sánchez Barcoj responsables solidarios de ese pago, que ronda los ocho millones, ya que solo se devolvieron 4,3.
Además, los condenados tendrán que afrontar penas que suman 220.000 euros y no podrán ejercer la actividad bancaria durante el tiempo que dure su pena.