El polémico impuesto al sol no se puede cobrar al carecer de desarrollo normativo

El sector fotovoltaico lamenta el parón al que está sometido el negocio por los recortes

b. couce
redacción / la voz

Tanto revuelo para nada. El famoso impuesto al sol implantado por el exministro de Industria José Manuel Soria a finales del 2015 no se está aplicando porque al anterior responsable de la política energética del Gobierno no le dio tiempo a completar el desarrollo normativo que requiere la aplicación de ese gravamen a las instalaciones fotovoltaicas por permanecer conectadas a la red de suministro. La ley está aprobada, pero faltan las órdenes ministeriales que habrán de desarrollar la norma. Por eso «el Gobierno no ha cobrado aún ni un euro por el impuesto al sol», explicó ayer el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, durante una jornada celebrada en A Coruña. Además, la oposición está tratando de desactivar definitivamente esa ley para evitar que siga para adelante.

De todos modos, ese impuesto fue la guinda a un pastel de recortes amasado a partir del 2010 que dejó a las energías renovables en general sin las primas a la producción. Esos recortes paralizaron de golpe el desarrollo de las tecnologías limpias y, en particular, de la fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico. Donoso destacó que confiaban en eliminar las trabas que dificultaban el crecimiento del sector, pero reclamó, sobre todo, seguridad jurídica para consolidar nuevas inversiones. Estas podrían llegar tras la subasta que previsiblemente se celebrará en abril para conceder 3.000 megavatios renovables con incentivos públicos.

A la jornada, organizada en colaboración con el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, acudieron también representantes de dos empresas gallegas del sector. Fernando Romero, de EDF Solar, de Pontevedra, destacó las oportunidades de negocio, aunque para ello reclamó «seguridad para poder trabajar». A cambio de ello estarían «incluso dispuestos a pagar el impuesto al sol». EDF Solar trabaja para Tesla en el Reino Unido. La empresa tiene previsto instalar este año en empresas gallegas 12 nuevos megavatios fotovoltaicos. Romero destacó la importancia de las ayudas concedidas por la Xunta, que el año pasado repartió cuatro millones para instalaciones de autoconsumo en industrias, según Emérito Freire, director de Enerxía e Planificación Enerxética del Inega.

Carlos Rivas, responsable de I+D de la empresa Elinsa, de A Coruña, confesó que ya no manejan proyectos de autoconsumo en Galicia, porque «son inviables económicamente desde el 2010», por lo que han tenido que irse fuera, y fabrican para Estados Unidos y Latinoamérica.

Instalaciones híbridas

Fernando Blanco, delegado en Santiago del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, apostó por el autoconsumo industrial híbrido, con instalaciones fotovoltaicas y eólicas. «A nadie se le pasaría por la cabeza que en Galicia no nos dejasen cultivar nuestros tomates y nos obligasen a comprarlos en el Mercadona. Y eso es lo que está sucediendo en el sector. No debería haber ningún impedimento para el autoconsumo», subrayó.

Demetrio Vázquez, secretario general de CC. OO. en A Coruña, afirmó rotundo que «o modelo enerxético baseado nas renovables é imparable e viable» y apostó por «un autoconsumo compartido -como en las comunidades de vecinos, que en la actualidad está prohibido-, nun marco de transición a un modelo enerxético sostible».

Manuel Pérez, presidente de la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), lamentó que «os consumidores somos o elo débil da cadea».

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