Hacienda destapa casi 6.000 piscinas en Galicia que no estaban declaradas

Desde que inició la inspección, el Catastro ha descubierto 220.000 inmuebles ocultos

Dónde actuará el Catastro en el 2017 Dónde actuará el Catastro en el 2017

santiago / la voz

El plan de regularización de bienes inmuebles impulsado por Hacienda desde el año 2013, diseñado para que afloren bienes ocultos o declarados de forma irregular y que constituye uno de los pilares de la lucha contra la economía sumergida, ha propiciado que en los últimos tres años y medio la Dirección General del Catastro haya descubierto en Galicia 5.660 piscinas que no constaban a efectos fiscales. Es decir, que no existían a ojos de Hacienda y del municipio y que, en consecuencia, estaban eludiendo la tributación del impuesto de bienes inmuebles. Se han encontrado a través del trabajo de supervisión efectuado por satélite, drones y Google Maps.

De esa cifra, casi la mitad (2.748 piscinas) se encontraron en la provincia de A Coruña, 1.248 en Lugo, 852 en Ourense y 802 en Pontevedra. Se trata de bienes que han ido aflorando en los ejercicios del 2013, 2014, 2015 y 2016. Los última información actualizada está hasta el primer semestre del pasado año, y este ejercicio del 2017 todavía continúa el plan de regularización catastral.

Esas piscinas ocultas a efectos tributarios son solo un pequeño porcentaje del conjunto de bienes inmuebles que no están regularizados, según el Catastro. Desde ese 2013, se han destapado más de 212.000, de los cuales 85.289 estaban en Lugo, 68.702 en A Coruña, 31.466 en Pontevedra y 26.764 en Ourense. Aquí, además de las piscinas, se incluyen nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones que no constan a los ojos de Hacienda, y por tanto no estaban tributando.

Un margen de error

En casos tan frecuentes como piscinas hinchables, pérgolas o barbacoas, los drones pueden haberse equivocado al considerar estos elementos como una construcción irregular a efectos fiscales (que no urbanísticos). Cuando Hacienda detecta algún tipo de anomalía, la agencia regional del Catastro envía una carta al contribuyente para notificárselo. El ciudadano tiene 15 días para presentar un escrito de alegación y justificar la disconformidad. Los asesores recomiendan adjuntar fotos que permitan demostrar el error en la valoración por parte de Hacienda.

El infractor de estas propiedades sin actualizar tiene que pagar una tasa de 60 euros, con la que se financia el programa de revisión, y, aparte, regularizar la situación y ponerse al día con su bien inmueble. El hecho de que una determinada construcción o reforma de un bien inmueble no haya sido declarada nada tiene que ver con su legalidad a efectos urbanísticos, una competencia que es municipal.

A lo largo de este 2017, Hacienda revisará otros 80 concellos en busca de inmuebles ocultos fisco, municipios que se suman al centenar largo ya de ayuntamientos donde se ha llevado a cabo el plan de regularización desde el año 2013.

Según los datos del Catastro, el incremento medio de recibo del IBI en los concellos donde han concluido las inspecciones con drones no es baladí. De hecho, está entre el 6,79 y el 6,24 % según las provincias.

Y también subida

El incremento del recibo del IBI no solo está inducido por el llamado plan de regularización, sino también porque, a petición de los ayuntamientos, se han hecho revisiones de los valores catastrales, en muchos casos desactualizados y sin que se hubieran tocado desde hacía décadas.

El desplome de los ingresos como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria empujó en toda España a muchos municipios a tomar esta decisión, lo que en la calle se dio en llamar catastrazo. Solo en este 2017, en Galicia, las revisiones afectarán a 300.000 recibos del IBI.

Este impuesto es la gran joya fiscal de los municipios y aporta hasta un 30 % de sus ingresos. La antigüedad de la construcción, la ubicación geográfica del bien o el estado de conservación, entre otros, son algunos de los criterios técnicos que utiliza el Catastro, es decir, Hacienda, para determinar unos valores cuya adaptación es una responsabilidad que corresponde a los ayuntamientos. Desde el 2008, el recibo medio del IBI ha subido entre un 20 y un 30 %.

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