Fue conocer los detalles del mecanismo de devolución y en las organizaciones de consumidores saltaron las alarmas. Adicae advirtió de que el acuerdo alcanzado «abre la puerta a los intereses de la banca» y «podría malograr una solución justa o incluso acabar masivamente en los tribunales de Justicia».
La organización, aun reconociendo la buena fe del PSOE respecto a las garantías para los consumidores, subraya que el decreto «podría facilitar que algunas entidades puedan mantenerse en su negativa a anular y a indemnizar a los clientes defraudados, o que no cumplan plenamente la devolución impuesta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. E incluso podría terminar como el arbitraje de las preferentes, que solo resolvió el problema a la mitad de los afectados y llenó los juzgados de demandas».
Adicae recordó que envió al Gobierno y a los grupos parlamentarios una propuesta de solución, entre cuyas medidas figuraba la obligación de que los bancos informasen a todos los consumidores afectados por las cláusulas suelo o que la solución que se adoptara tuviese un carácter universal.
A las críticas también se sumó la OCU, que considera el mecanismo pactado «insuficiente» y «perjudicial», porque convierte a la banca en «juez y parte» al decidir quiénes y cuánto deben cobrar.
Aunque califica de positivo que la entidad deba informar a los clientes de la vía extrajudicial para recuperar lo pagado de más y que sean los consumidores los que decidan, critica «la falta de transparencia y control» sobre las ofertas que se le vayan a hacer al perjudicado.
