Los afectados por las cláusulas suelo podrán recuperar el dinero en 3 meses

El decreto que prepara el Gobierno evita que la banca tenga que asumir las costas


redacción / la voz

El Gobierno está a punto de cerrar el real decreto que quiere llevar a aprobación el viernes en Consejo de Ministros y con el que pretende dar una solución extrajudicial y ágil a los cientos de miles de clientes afectados por las cláusulas suelo, un condición incluida en los contratos hipotecarios que ha tumbado la Justicia europea. Puede provocar un quebranto en las cuentas de las entidades por el dinero que tendrán que reintegrar (más de 4.000 millones a devolver, calcula el Banco de España) y, a la vez, un colapso en los juzgados por las reclamaciones de los clientes.

Lo segundo es lo que quiere evitar el Ejecutivo a través de una propuesta que está negociando con el PSOE y Ciudadanos y que permitirá a los afectados por esa cláusula -se cuentan hasta 200.000 hipotecados en Galicia- recuperar el dinero en tres meses, según el primer calendario que ayer presentó Luis de Guindos antes de participar en una conferencia en Madrid.

Una vez descartado el código de buenas prácticas -que rechazaba la banca porque suponía admitir que todas las cláusulas son ilegales-, la propuesta que se plantea es una especie de mediación a la que se tendrán que adherir voluntariamente los bancos. De esta forma estos se podrán ahorrar las costas judiciales de unas demandas que, con la sentencia de la UE en la mano, perderán con facilidad. La mediación, a diferencia del arbitraje (que fue la fórmula por la que se optó en el caso de las preferentes), deja la puerta abierta a que alguna de las dos partes se descuelgue y vaya a proceso judicial. Ahora bien, según algunas fuentes, los bancos que se adhieran a este procedimiento y luego acudan a los tribunales también estarán exentos de esas costas si hay revés del juez. Es un guiño al sector financiero para que se adhiera de forma masiva a este decreto que prepara el Gobierno.

Detrás de ese proceso de mediación se espera que estén representantes de consumo y reguladores, para vigilar el cumplimiento.

El ministro de Economía, que es el que está cogiendo este asunto -aunque es competencia también de Justicia y de Sanidad, por temas de consumo-, aseguró que este mecanismo de resolución extrajudicial será gratuito para los consumidores: «En un período máximo de tres meses se podrá reclamar y llegar a un acuerdo con las entidades». Al tratarse de dos partes privadas, lo que tiene que hacer el Gobierno, dijo De Guindos, «es establecer un camino alternativo» al judicial para que los clientes puedan «cobrar lo antes posible».

Después de conocerse el anuncio hecho por el titular de Economía, un portavoz de la asociación de usuarios de bancos Adicae aseguró que ese posible plazo de tres meses podría ser suficiente, siempre que los términos del proceso de devolución se definieran adecuadamente. 

Reforma de la ley hipotecaria

Tras el varapalo del Tribunal Supremo primero y el de la UE después, el Gobierno quiere ir más allá y evitar nuevos conflictos. Así, De Guindos anunció que su departamento trabaja en una reforma de la ley hipotecaria para «incrementar de forma notable la transparencia y evitar las dudas sobre las cláusulas que estén en un contrato hipotecario», informa Colpisa. En este sentido, De Guindos insistió en que ha sido la opacidad la que ha provocado la anulación de las cláusulas suelo.

Un juez admite la dación para esquivar todo el pago de la hipoteca

Un juzgado de Barcelona acaba de dar un paso adelante en la aceptación de la dación en pago de la vivienda como instrumento para la cancelación total de la deuda con el banco, sin que el cliente quede atado al pago de intereses ni de más deuda. El juez tumba directamente la cláusula que obligaba al titular del crédito a continuar abonando el pago de lo prestado, aunque el crédito ya hubiera pasado a la propiedad de la entidad bancaria.

La sentencia dice que el banco no actuó de buena fe, ya que las cláusulas abusivas «causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales», y se basa en un artículo de la directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. También anula otro punto la garantía adicional incluida en el contrato que afecta a los avalistas solidarios.

El FROB reserva hasta 319 millones para posibles devoluciones de la antigua Novagalicia

El FROB reserva hasta 319 millones de euros para hacer frente a las devoluciones a clientes con cláusula suelo que tenga que afrontar por la antigua Novagalicia Banco, según consta en el último informe del Tribunal de Cuentas, hecho público ayer. Cuando sacó a subasta la entidad, en diciembre del 2013, el fondo de rescate incluyó una serie de garantías para atraer a compradores, que cubrían el 85 % de los posibles quebrantos futuros para el comprador, fuera el que fuera; finalmente el grupo Banesco, de Juan Carlos Escotet, presentó la mejor oferta.

Esas garantías al comprador, según se recoge en el informe de Cuentas, tienen un importe total de 1.085 millones, de los que el FROB respondería por 771 y el Fondo de Garantía de Depósitos, por 314 (eran los dos accionistas principales de Novagalicia). Las garantías se refieren a contingencias relacionadas con el traspaso de activos a Sareb (por 144 millones), el resultado de laudos arbitrales (otros 226), las responsabilidades de las preferentes (277 millones) y los swaps (119). Y la cantidad más relevante, para las cláusulas suelo, esos 319 millones. El FROB también dio garantías en la subasta de Caixa Catalunya, pero no se detallan los importes. 

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