Hacienda revisará otros 80 concellos en busca de inmuebles ocultos al fisco

El plan de regularización catastral impulsado por Hacienda, diseñado para que afloren bienes ocultos o declarados de forma irregular y que constituye uno de los pilares de la lucha contra la economía sumergida, abarcará en el 2017 otros ochenta municipios gallegos. Eso municipios se suman centenar largo de ayuntamientos donde ya se ha aplicado, lo que permitió que apareciesen 25.600 bienes irregulares en el 2014 y otros 80.313 en el 2015. El resultado de la campaña en el 2016 lo dará a conocer el Catastro en el primer trimestre del año que comienza. Las revisiones para la regularización abarcarán de enero a noviembre, e incluyen la segunda ciudad más grande de Galicia, A Coruña; y municipios medianos como Vilagarcía de Arousa, Oleiros o Monforte.

Para realizar la inspección, el Catastro se sirve de inspecciones a pie de terreno y también del uso de drones. La casuística del fraude es variada. En la última campaña, por ejemplo, un 43 % de los casos detectados en Galicia eran construcciones nuevas que no estaban dadas de alta, en las que había hasta cinco mil piscinas fuera de control catastral. El segundo foco de fraude más común no está relacionado con los bienes que permanecen ocultos a ojos del fisco sino con aquellos que se declaran de una forma irregular, es decir, cuando se han producido ampliaciones o rehabilitaciones de una vivienda y estas no se han comunicado ni a Hacienda ni al respectivo municipio. Aquí se encuadrarían hasta un 38 % de las irregularidades detectadas en la comunidad gallega. Por último, el tercer supuesto más común consistiría en reformar o cambiar de uso un inmueble sin informar a la autoridad, un tipo de irregularidad muy frecuente en locales y bajos de edificaciones antiguas.

El infractor de estas propiedades sin actualizar tendrá que pagar una tasa de 60 euros, con la que se financiar el programa de revisión. Y, aparte, regularizar la situación y ponerse al día con su bien inmueble. El hecho de que una determinada construcción o reforma de un bien inmueble no haya sido declarada no implica que sea legal o ilegal a efectos urbanísticos, una competencia que es municipal.

Buena parte de los planes de regularización catastral llevados a cabo hasta ahora en Galicia se han desarrollado en municipios del medio rural. Esto ha hecho aflorar casas nuevas, pero también instalaciones de uso agroganadero que hasta ahora permanecían ocultas para el Catastro (naves, galpones, almacenes y establos). Al afloramiento de bienes ocultos o mal declarados a Hacienda se suma la revisión de los valores catastrales al alza -a petición de los propios ayuntamientos- lo que ha propiciado que en plena crisis del sector primario, sobre todo en años con muy bajos precios de la leche, se disparase el recibo del IBI en el medio rural, lo que generó un amplio malestar social. La normativa en vigor permite que un determinado ayuntamiento, por ejemplo, establezca el tipo entre el 0,3 y el 0,9 % del valor de esa propiedad. Si el establo se valorase en 100.000 euros, por ejemplo, el ganadero tendría que pagar un mínimo de 300 o un máximo de 900.

El catastrazo afectará a más de 300.000 recibos del IBI durante el próximo año

A la inspección del Catastro en 80 concellos se suma la revisión de los valores catastrales que incluyó Montoro en su reforma fiscal y que se llevará a cabo en la comunidad gallega en 64 municipios en el 2017. Se suman a los 98 que ya lo han hecho el año que termina hoy. Según los datos que maneja Hacienda, la actualización de los catastros en estos setenta ayuntamientos afectará a unos 327.535 recibos del IBI. En plena crisis y desplome de los ingresos, la revisión de los valores ha permitido a las haciendas locales proteger sus recursos en un contexto económico muy adverso.

El valor catastral es la base de cálculo para la mayor parte de los tributos ligados a los inmuebles; en el ámbito local tiene impacto directo en las plusvalías municipales y en el IBI, la gran joya fiscal de los ayuntamientos, un impuesto que aporta, por término medio, un 30 % de sus ingresos. La antigüedad de la construcción, el estado de conservación o su ubicación, entre otros, son algunos de los criterios técnicos que utiliza el Catastro -dependiente de Hacienda - para determinar unos valores cuya adaptación es responsabilidad de los ayuntamientos.

Muchos de ellos llevaban más de 20 años sin plantear revisiones. Pero la crisis económica les obligó a hacerlo. En el 2011, antes de que se desplomaran los ingresos, había 134 concellos, esto es, el 40 % del total, que tenían sin actualizar el catastro desde hacía al menos dos décadas.

Los datos oficiales muestran que, dependiendo del municipio, el recibo medio del IBI ha subido en la comunidad gallega entre un 20 % y un 30% en los últimos siete años, período que coincidió con un fuerte incremento del paro y la devaluación salarial.