El plan de regularización catastral impulsado por Hacienda, diseñado para que afloren bienes ocultos o declarados de forma irregular y que constituye uno de los pilares de la lucha contra la economía sumergida, abarcará en el 2017 otros ochenta municipios gallegos. Eso municipios se suman centenar largo de ayuntamientos donde ya se ha aplicado, lo que permitió que apareciesen 25.600 bienes irregulares en el 2014 y otros 80.313 en el 2015. El resultado de la campaña en el 2016 lo dará a conocer el Catastro en el primer trimestre del año que comienza. Las revisiones para la regularización abarcarán de enero a noviembre, e incluyen la segunda ciudad más grande de Galicia, A Coruña; y municipios medianos como Vilagarcía de Arousa, Oleiros o Monforte.
Para realizar la inspección, el Catastro se sirve de inspecciones a pie de terreno y también del uso de drones. La casuística del fraude es variada. En la última campaña, por ejemplo, un 43 % de los casos detectados en Galicia eran construcciones nuevas que no estaban dadas de alta, en las que había hasta cinco mil piscinas fuera de control catastral. El segundo foco de fraude más común no está relacionado con los bienes que permanecen ocultos a ojos del fisco sino con aquellos que se declaran de una forma irregular, es decir, cuando se han producido ampliaciones o rehabilitaciones de una vivienda y estas no se han comunicado ni a Hacienda ni al respectivo municipio. Aquí se encuadrarían hasta un 38 % de las irregularidades detectadas en la comunidad gallega. Por último, el tercer supuesto más común consistiría en reformar o cambiar de uso un inmueble sin informar a la autoridad, un tipo de irregularidad muy frecuente en locales y bajos de edificaciones antiguas.
El infractor de estas propiedades sin actualizar tendrá que pagar una tasa de 60 euros, con la que se financiar el programa de revisión. Y, aparte, regularizar la situación y ponerse al día con su bien inmueble. El hecho de que una determinada construcción o reforma de un bien inmueble no haya sido declarada no implica que sea legal o ilegal a efectos urbanísticos, una competencia que es municipal.
