Cobrar sin trabajar, de utopía a realidad

Finlandia y Holanda aplican proyectos piloto para extender una renta básica universal

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bruselas / corresponsal

«Es nuestra única esperanza», alerta Charles Murray. Este politólogo libertario es uno de tantos que llevan años defendiendo la necesidad de implantar una renta básica universal (RBU) ante el temporal que se avecina. Un cóctel con los tres ingredientes básicos para el estallido social: la robotización progresiva del trabajo, el desempleo crónico y el aumento de la precariedad laboral.

La crisis global ha dado carta blanca a la pobreza, ha desgastado los sacrosantos Estados del bienestar y ha puesto al desnudo los circuitos perversos del sistema. Sus defensores se resisten a asumir un cambio de modelo que parece inevitable.

Finlandia y Países Bajos han dado un paso adelante para desempolvar del laboratorio de ideas la RBU. Cobrar sin trabajar podría dejar de ser una utopía y convertirse en una realidad en las próximas décadas. 

Experimentos

En la ciudad finlandesa de Oulu, antiguo enclave pesquero de 200.000 habitantes reconvertido en parque tecnológico, 2.000 vecinos desempleados de sectores como la construcción o los servicios esperan el nuevo año con los brazos abiertos. El Instituto Nacional de Seguridad Social (Kela) se encargará de pagarles religiosamente cada mes y por un período de dos años un salario básico de 560 euros a cada participante. «El importe no se reduce aunque logren nuevos ingresos y está exento de tasas», aseguran los responsables del proyecto, quienes quieren observar sus efectos en una urbe especialmente azotada por el paro y el negocio menguante de Nokia. Los críticos consideran que la medida es un comodín para vagos. Sin embargo, hay expertos de todo el espectro ideológico que respaldan la RBU y sus diferentes modelos de implantación. Para Murray es el mejor atajo para evitar la farragosa burocracia de las ayudas públicas, para adelgazar el Estado, suplir la falta de empleo a causa de la robotización y para ahorrar costes a los contribuyentes en servicios públicos.

El estadounidense defiende esta fórmula para eliminar las actuales prestaciones por desempleo, incompatibles con el mantenimiento de trabajos -a menudo precarios- que desincentivan la vuelta del trabajador al mercado laboral. Los empleados ganarían fuerza negociadora al disponer de un colchón fijo con el que llegar a fin de mes y las empresas podrían arriesgarse a contratar y despedir insuflando más dinamismo a la economía.

Eso es lo que quieren comprobar los holandeses este 2017. En la ciudad de Utrecht, 300 residentes se frotan las manos esperando sus cheques mensuales de entre 900 y 1.300 euros. Las autoridades manejan distintos escenarios. A un primer grupo se le abonará el salario sin tener en cuenta su condición socioeconómica. A otros tres se les impondrán condiciones y a un último grupo se le forzará a encontrar trabajo para mantener los ingresos. Otras ciudades del país tienen intención de unirse a un proyecto que tendrá su réplica en Ontario (Canadá). Allí se extenderá un salario mínimo a un conjunto de ciudadanos que no disponen de ingresos suficientes para superar el umbral de la pobreza. El exsenador conservador Hugh Segal es su máximo abanderado: «Quien dice que si pagas a la gente por no hacer nada, ellos no harán nada, les recuerdo que el 70 % de la gente que vive por debajo del umbral de la pobreza en Ontario tiene trabajo», aseguró desafiante. 

Viabilidad

¿Es sostenible el mantenimiento de la RBU? Los cálculos se balancean. Mientras para expertos como Murray la iniciativa ahorraría miles de millones de euros a los estadounidenses, las cifras en países como España no están tan claras. Podemos se alineó en su programa electoral con los defensores de la RBU. Tras constatar que el gasto adicional alcanzaría los 140.000 millones de euros se echaron atrás y limitaron la renta garantizada de entre 600 y 1.290 euros para gente sin ingresos o por debajo del umbral de la pobreza (10.000 millones de euros anuales). Los socialistas se alejan un poco más de la RBU y proponen una «última red de protección» más parecida a las tradicionales ayudas públicas que a un salario vitalicio. Creen que la economía española solo se puede permitir 150 euros mensuales por hijo a familias con rentas anuales por debajo de los 7.100 euros y 100 euros a las que se encuentran en la horquilla de los 7.100 y los 11.500 euros).

Expertos como Lluís Torrens, Daniel Raventós y Jordi Arcarons calculan que el coste de una renta básica universal es asumible si se fija en los 650 euros por ciudadano. Su coste alcanzaría los 50.000 millones anuales.

Suiza es el ejemplo más claro de las dudas que genera la propuesta. En junio, sus ciudadanos rechazaron en referendo la posibilidad de extender una renta básica universal de 2.250 euros. El 78 % de los votantes dieron un «no» rotundo a la iniciativa.

Los críticos con estas iniciativas consideran que serán un comodín para vagos

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