Aunque el 2017 será el tercer año que se aplique, la revalorización del 0,25 % de las pensiones ha sido otro de los cambios introducidos con la reforma del 2013, que por primera vez desvinculó la revisión anual de la cuantía de las jubilaciones de la evolución del IPC y la supeditó al ciclo económico. El argumento para apretar el cinturón a los pensionistas, que gracias a la inflación en negativo no perdieron poder adquisitivo hasta el pasado septiembre, fue la crisis y su impacto en las arcas de la Seguridad Social: la necesidad de ajustar las cuantías para preservar el futuro del sistema.
Ligadas a la esperanza de vida
De hecho, la última reforma, aprobada por el PP, incluyó también el factor de sostenibilidad, que vincula la cuantía de la prestación a la esperanza de vida y que aún no ha entrado en vigor. Lo hará en el 2019 y supondrá cobrar menos pensión mensual, ya que los derechos cotizados durante la etapa activa se repartirán entre un número mayor de años estimados. Y a todo lo anterior se suma el trabajo de la Comisión del Pacto de Toledo, de donde en primavera saldrán propuestas para una nueva reforma del sistema que garantice su sostenibilidad futura.
