El Gobierno deniega la petición de la Xunta para alargar el plazo de la ITV de sulfatadoras agrícolas

s. m. VERÍN / LA VOZ

ECONOMÍA

Santi M. Amil

Más de 7.400 de los 9.800 equipos censados no superaron la revisión

19 dic 2016 . Actualizado a las 14:34 h.

Más de tres cuartas partes de los equipos sulfatadores agrícolas de Galicia están fuera de la ley desde el pasado 26 de noviembre, la fecha límite para superar una inspección técnica obligada por la normativa estatal.

Más de 7.400 de los 9.800 equipos censados no superaron la revisión. La Xunta y otras comunidades pidieron al Gobierno una ampliación del plazo, fijado desde hace casi un año, pero la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente ha sido negativa. Y miles de agricultores gallegos se enfrentan ahora a una multa de entre 300 y 3.000 euros en caso de que sean detectados trabajando con una sulfatadora en situación irregular. Todo labrador que quiera usar esos equipos deberá llevar en la maquinaria un adhesivo oficial de la Xunta similar al de la ITV, además del certificado de inspección.

El mayor número de inspecciones superadas se da en la provincia de Ourense, con un 41 % (614 de 1.494). En toda Galicia, el porcentaje cae considerablemente y pese a la mayor afluencia de agricultores a las estaciones que se produjo en las semanas previas al cierre del plazo, no llegan al 25 % del total (2.434 de 9.871).

Varios son los factores que han influido en esa cifra tan baja. Entre ellos, las dificultades para trasladar las estaciones de supervisión a las diferentes comarcas, lo que ha lastrado la efectividad de esta campaña; o el hecho de que esas unidades móviles solo puedan revisar diez equipos sulfatadores al día. La Xunta autorizó a un total de 19 empresas de toda España para efectuar estas revisiones técnicas en Galicia, pero solo nueve están en la comunidad autónoma.

La inspección es preceptiva para todas las sulfatadoras con más de 5 años de antigüedad y con capacidad para 100 litros. Y el malestar es evidente en zonas de gran actividad agrícola. «A tardía constitución e posta en funcionamento das estación ralentizou moito o proceso», se lamenta Maite Joga, presidenta de la Asociación de Empresarios Agrícolas y Ganaderos de A Limia (Adegal).