La reforma fiscal de Montoro incluye un catastrazo en 65 concellos gallegos
ECONOMÍA
Los valores subirán entre un 3 y un 8 % en función del año de la última revisión
06 dic 2016 . Actualizado a las 14:06 h.La reforma fiscal aprobada el pasado viernes por el Gobierno no solo implica subidas en los impuestos sobre el alcohol o el tabaco para lograr ingresos adicionales con los que taponar el déficit. La letra pequeña del decreto publicado durante el fin de semana en el Boletín Oficial del Estado incluye también una revisión del impuesto de bienes inmuebles en 2.542 ayuntamientos españoles, casi un tercio de los municipios del país. Entre ellos, 70 concellos gallegos.
No se trata de un incremento en los tipos del IBI, sino que lo que Hacienda aprueba son unos coeficientes que se aplicarán para actualizar los valores catastrales de los inmuebles en aquellas localidades donde han pasado más de cinco años desde la última revisión, con el objetivo de adaptar esos valores a la realidad actual del mercado. Y hay que aclarar que no en todos los casos supondrá una subida. Será, eso sí, la tónica general, ya que Hacienda ha aprobado alzas de entre el 3 y el 8 % en aquellos municipios donde la última ponencia de valores sea anterior al 2004. Pero también es cierto que en los que revisen tasaciones del 2005 en adelante habrá rebajas de entre el 8 y el 13 %, para adaptar la tasación que se hizo en épocas de burbuja a la realidad actual del mercado inmobiliario.
En el caso de Galicia, de los 70 ayuntamientos que se revisarán solo en cinco habrá una rebaja en los valores sobre los que se calcula la contribución. Será en Boiro, Cariño, Narón, Santa Comba y Ponteareas. En esta última localidad la bajada será del 10 %, mientras que en los cuatro ayuntamientos coruñeses será dos puntos inferior, del 8 %.
En los otros 65 la revisión de los valores catastrales se hará al alza. La mayoría, 35, se encuentran en la provincia de Ourense, donde hay municipios, como Nogueira de Ramuín, donde la última ponencia data de 1986. Otros 14 están en Lugo (entre ellos Ribadeo o Vilalba), 9 en A Coruña (Pontedeume es el más poblado de los afectados) y los otros 7 en Pontevedra (entre ellos, Porriño, donde se actualizan valores de 1987).
Una subida anunciada
Este catastrazo ya estaba previsto, pero estaba en punto muerto por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que son estos los que suelen recoger cada ejercicio los coeficientes para poner al día las tasaciones catastrales. Pero el bloqueo político del último año ha retrasado el calendario para la aprobación de las cuentas públicas para el 2017, que no han llegado siquiera al Congreso. Como el IBI se devenga el 1 de enero de cada año, Hacienda justifica que es necesario aprobar la medida por la vía del decreto ley, ya que por la ordinaria no podría entrar en vigor antes de esa fecha. Y este impuesto, recuerda el ministerio, es clave para «reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales».
El departamento que dirige Cristóbal Montoro subraya que son los propios ayuntamientos los que han solicitado esta actualización de los valores catastrales y que, de no aplicarse, verían desbaratadas sus previsiones presupuestarias, ya que no tendrían margen para aprobar nuevas ordenanzas fiscales con las que ajustar los tipos del impuesto para obtener los ingresos previstos por IBI.
Pueden solicitar la revisión los gobiernos locales de aquellos municipios donde hayan transcurrido al menos cinco años desde la última actualización. Para ello deben comunicarlo a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo y justificar que existen diferencias sustanciales entre los precios de mercado y los que sirvieron de base para el cálculo de los valores catastrales vigentes.
La mayoría de los ayuntamientos lo hacen para obtener más ingresos sin asumir el coste político de elevar los tipos del impuesto (lo que aumenta es la base imponible), aunque también hay algunas localidades en las que se solicita para rebajar la presión fiscal, ajustando los valores catastrales (calculados en la época de la burbuja) a la realidad actual del mercado inmobiliario, conscientes de que dicha medida supondrá un quebranto en las arcas municipales.