Nadal exime a los consumidores domésticos de costear 200 millones al año del bono social

El ministro anuncia que lo pagarán todas las comercializadoras


redacción / la voz

Muy contentas no deben de estar, no, con el nuevo ministro de Energía. Las compañías eléctricas están en el punto de mira de Álvaro Nadal para que sigan pagando lo que ellas consideran que no tienen que pagar. Ni ellas ni el Tribunal Supremo, que ha tumbado el actual sistema de financiación del bono social, según el cual los 200 millones anuales que cuesta ese servicio se reparte entre 23 empresas. ¿Cuáles? Las que están verticalmente integradas, es decir, las que aglutinan las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. El resultado de esa metodología es que Endesa sufraga el 40 % de ese dinero; Iberdrola, el 38 %; y Gas Natural Fenosa, el 15 %. Son las grandes, pero no las únicas. Y el Supremo ha dictaminado que ese reparto es discriminatorio. ¿Por qué unas sí y otras no?, viene a decir la sentencia.

Pues Nadal ha recurrido ese fallo y, además, prepara otro real decreto para que el peso del bono social, que supone un descuento del 25 % en la factura de 2,4 millones de consumidores (unos 260.000, gallegos), siga recayendo sobre el sector, pero sobre todas las comercializadoras. Son más de 200 empresas, que sobre todo operan en el mercado libre. En el regulado, que es en el que, por orden del ministerio, se presta el servicio del bono social, están autorizadas a actuar solo ocho comercializadoras (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP, Viesgo, CHC y dos pequeñas de Ceuta y Melilla).

Nadal avanzó ayer sus planes tras mantener un encuentro con parlamentarios de todos los grupos en el Congreso. Y, por lo que dijo, todos estuvieron de acuerdo en hacer recaer el coste del bono sobre las compañías eléctricas.

Está por ver qué criterios aplicará el ministerio para definir la nueva metodología de cálculo de la financiación para, sobre todo, que las grandes eléctricas no lo vuelvan a recurrir y ganen de nuevo en los tribunales.

Porque la reciente sentencia del Supremo es la segunda que tumba el modelo de reparto de los gastos del bono. Y por motivos similares: porque recaían sobre unas y no sobre otras.

De momento, las cinco grandes tienen un peso del 80,2 % en la actividad de comercialización en términos de volumen de electricidad vendida, según datos recogidos por Europa Press. Este porcentaje las convertirá de nuevo en las principales financiadoras.

Mientras el ministerio dirime cómo hará esa nueva fórmula de financiación, lo importante es que no serán los 26 millones de consumidores los que pagarán el bono social a través de sus facturas de la luz. La sentencia del Supremo abría esa posibilidad. De hecho, tras la anterior, emitida en el 2012, y para salir del paso, el ministerio optó por cargar en el recibo el coste del bono en el 2013.

Otra reforma que parece acometerá Nadal es la introducción de criterios de renta para adjudicar el descuento, de modo que lo disfrute quiénes lo necesiten de verdad. En la actualidad se concede sin más a consumidores con una potencia contratada en su domicilio habitual de tres o menos kilovatios (suponen el 73 %), familias numerosas (9 %), con todos sus miembros en paro (3 %) y pensionistas (13 %).

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