Alcoa triunfa en la subasta eléctrica y garantiza la viabilidad de sus fábricas
ECONOMÍA
Consigue más incentivos para el 2017 y allana el camino a un posible comprador
19 nov 2016 . Actualizado a las 14:40 h.Desde el 2014, los incentivos eléctricos que reciben las grandes industrias a cambio de prestar el servicio de interrumpibilidad se adjudican mediante una subasta anual, vital para garantizar la competitividad de plantas con un elevado consumo (y, por tanto, gasto) energético. Las fábricas compiten unas contra las otras para quedarse con el mayor volumen posible de bonificaciones. Este proceso es un sinvivir para ellas y, sobre todo, para sus trabajadores, y ayer se conocieron los resultados de la puja de descuentos que regirán el próximo año. Oficialmente, Red Eléctrica de España (REE), organizador del procedimiento, solo informa de que se han adjudicado 2.975 megavatios, repartidos en bloques, y que concurrieron 138 consumidores (a la del año pasado, 132). También da cuenta de los precios de salida y de los asignados. Y nada más, ni sobre quiénes son los beneficiarios ni mucho menos sobre cuántos incentivos se han repartido cada uno de ellos.
Sí aclara REE que 807 de esos megavatios se consumirán en Galicia. Más de la mitad, aproximadamente, se los ha quedado Alcoa. Fuentes de la compañía solo confirmaron que los resultados de esta subasta habían sido mejores que los del año anterior, lo que en teoría garantiza la viabilidad de las tres fábricas que la multinacional del aluminio posee en España (en A Coruña, San Cibrao y Avilés) y las hace más atractivas para posibles inversores. El grupo abrió antes del verano un proceso de búsqueda de comprador, del que nada más ha trascendido hasta el momento.
Fuentes oficiales de Alcoa confirmaron que la planta de A Coruña había conseguido un bloque de 90 megavatios bonificados, que no logró el año pasado. Fuentes sindicales también avanzaron que Avilés se adjudicó un lote similar y que San Cibrao seguirá con los tres que ya tiene en la actualidad. En suma, cinco bloques de 90, esto es, 450 megavatios con incentivos (360 de ellos para Galicia), de los 10 que se subastaron. Este resultado era el previsto por los sindicatos. A mayores, ha conseguido varios lotes pequeños de 5 megavatios, aunque en una cifra aún sin concretar. En total, Alcoa disfrutará de descuentos en la factura eléctrica el próximo año por un mínimo de 130 millones de euros, aunque serán más contando los bloques de 5.
José Luis Combarro, miembro del comité europeo de la compañía y trabajador de San Cibrao, se mostró satisfecho con el resultado de la puja, que atribuyó a que se habían ofertado más bloques de 90, que son los que precisa Alcoa. Con los cinco conseguidos «se garantiza la continuidad de A Coruña y Avilés». Son las fábricas más cuestionadas por la multinacional, que considera a San Cibrao la joya de la corona. Alcoa amenazó hace dos años con cerrar A Coruña y Avilés tras conseguir menos incentivos eléctricos de los que precisaba.
En la misma línea se expresaron Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de A Coruña, y José Manuel de la Uz, del de Avilés, para quienes el resultado de la subasta garantiza también la rentabilidad temporal de las plantas. Los tres representantes sindicales están en contra de este sistema de subastas anuales y reclaman otro que imprima mayor estabilidad a las industrias. Alcoa también aboga por pujas a más largo plazo para planificar con tiempo los procesos.
Los consumidores abonan la rebaja en la factura de la luz
El servicio de interrumpibilidad cuesta al año 500 millones de euros, que se sufragan en el recibo de la luz. Es uno de los peajes (costes del sistema eléctrico) que forman parte del término de energía de la factura. Fuentes de Alcoa subrayaron que ese concepto representa menos del 1 % del recibo. En total, los peajes suponen en torno al 40 %. Otros son las primas a las renovables y la amortización de la deuda.
Otros seis grupos con plantas industriales en Galicia logran bonificaciones
Los descuentos en la factura eléctrica de las industrias se efectúan a cambio de prestar el servicio de interrumpibilidad, es decir, de estar a las órdenes de REE para reducir consumo energético cuando así lo requiera el sistema, en momentos de sobrecarga o de averías que pongan en peligro el suministro a los pequeños consumidores.
Además de Alcoa, en el grupo de empresas interrumpibles se encuentran otros seis grupos con fábricas en Galicia. Se trata de la metalúrgica Megasa, de Narón; SGL Carbón, en A Coruña; Ferroatlántica, con plantas en Cee y Arteixo; y Celsa, en A Laracha. También acceden a esta línea de incentivos la maderera Finsa, con instalaciones en Padrón, San Cibrao das Viñas y Santiago; y la quimiquera Elnosa, en Pontevedra.
Fuentes sindicales de SGL Carbón explicaron que creían que la empresa había conseguido cinco bloques de cinco megavatios, que se traducirían en una inyección económica de tres millones de euros. El presidente del comité de empresa de Megasa, Carlos Bascoy, no maneja datos oficiales todavía sobre el resultado de la subasta. El año pasado, la metalúrgica gallega se adjudicó cuatro bloques de cinco, esto es, en torno a 2,5 millones.
Por otro lado, el Parlamento de Asturias aprobó el viernes, con la abstención del PP, una propuesta de IU en la que se pide al Gobierno del Principado que realice, junto al de Galicia, un «seguimiento activo» de la posible venta de las factorías de Alcoa para garantizar el futuro de las instalaciones y el empleo.
La proposición no de ley fue defendida por el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.
El recibo subirá dos céntimos al mes para compensar a las empresas
El Consejo de Ministros dio el viernes el pistoletazo de salida para lo que será un 2017 en el que, previsiblemente, se encarezca el coste de la electricidad por varias circunstancias que convergerán en unas pocas semanas. La primera ha llegado después de que el Ejecutivo aprobara la actualización del margen de comercialización que les corresponde a las compañías eléctricas que prestan la tarifa regulada (precio voluntario al pequeño consumidor, PVPC). Se trata de una subida mínima del 0,04 %, según el Gobierno, lo que representa un repunte medio de unos dos céntimos al mes en la factura de la luz para 13 millones de consumidores. Son los que están abonados a la tarifa regulada por el Gobierno, que también determina el margen que se embolsan las comercializadoras por prestar el servicio. Estaba fijado en cuatro euros por kilovatio hora contratado al año. Las seis comercializadoras de referencia, pertenecientes a los grandes grupos y que son las únicas autorizadas a ofrecer el PVPC, denunciaron esa metodología instaurada en abril del 2014 alegando que los ingresos eran insuficientes. Y el Tribunal Supremo les dio la razón hasta en tres ocasiones. La última, en junio, cuando la sentencia obliga a retribuir de forma suficiente a las comercializadoras e incluso daba un mes de plazo al Gobierno para recalcular el margen. Pero entre que el ministro de Industria, José Manuel Soria, acababa de dimitir y que el Ejecutivo se enfrentaba a unas nuevas elecciones, nadie tomó decisión alguna. Sí se encargó un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre cómo debería ser esa metodología nueva. Y el supervisor determinó que el margen debía aumentar hasta 5,24 euros por kilovatio contratado al año. Finalmente, la revisión será inferior: 4,17 para este 2016.
Sin embargo, el Supremo obliga a aplicar el nuevo margen con efecto retroactivo, desde abril del 2014 hasta la actualidad, lo que supone de media 1,76 euros por consumidor.
Una vez que entre en vigor la nueva metodología, las compañías tendrán nueve meses para realizar las regularizaciones. El consumidor recibirá una carta en la que se le informará de los efectos de la aplicación de la nueva metodología y en su factura se establecerá de forma separada este concepto.
El Ministerio de Energía estima que las empresas cobrarán 26,11 millones más.