«Me acusaron de violar el secreto bancario, estuve en una clínica mental, pensé en quitarme la vida»

Técnicos de Hacienda defienden en Bruselas que se proteja la figura del confidente, clave en la lucha contra el fraude

MONTOROH

Madrid / La Voz

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) defendió esta semana en el Parlamento Europeo la necesidad de establecer un marco legal que proteja la figura del confidente fiscal y ampare a los ciudadanos que filtran a Hacienda datos tributarios de presuntos evasores.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, participó en un foro organizado por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Europea y la Izquierda Unida Nórdica, en el se pudieron escuchar los testimonios de los responsables de las filtraciones de algunos de los mayores escándalos fiscales de los últimos años: desde el HSBC hasta el Deutsche Bank o LuxLeaks.

«En mi caso, he tenido que lidiar con un sinfín de represalias. El fiscal pidió para mí cuatro años de prisión por violar el secreto bancario suizo. Fueron doce años de procedimiento judicial terrible. He pasado más de 200 días en aislamiento. A mi mujer también la acusaron de violar el secreto bancario y mi hija padeció la insoportable presión de los bancos. Estuve en una clínica mental, pensé en quitarme la vida». Así resumió su calvario Rudolph Elmer, antiguo ejecutivo del banco suizo Julius Baer, que filtró en el 2002 miles de datos de clientes con cuentas en la filial de las islas Caimán.

Su terrible experiencia, al igual que las relatadas por otros confidentes fiscales, como Eric Ben Artzi (caso Deutsche Bank), Raphaël Halet (LuxLeaks) o Jonathan Sugarman (Unicredit), fue el argumento esgrimido por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Europea para reclamar una directiva específica que proteja esta figura, ya que en la directiva del Mercado de Capitales y Secretos Comerciales, que actualmente se debate en el Parlamento, cada vez se da menos importancia a regular un apoyo adecuado -jurídico, psicológico y profesional- a los confidentes.

Gestha defiende que es «el momento de elaborar una legislación europea que proteja a quienes denuncian estas prácticas, ya que normalmente son ellos los que quedan comprometidos ante la ley y sobre los que recaen las consecuencias de la normativa, frente a la salvaguarda jurídica de los denunciados, cuyo honor y privacidad se protege por encima de los del denunciante».

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