Las sanciones por pagar más de 2.500 euros en metálico se disparan un 40 %

Hacienda revisó el año pasado 6.000 denuncias, aunque solo 1.313 acabaron en multa

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madrid / la voz

Hacienda continua su cruzada contra la economía sumergida con resultados crecientes. Un ejemplo es el aumento de casi el 37 % del número de expedientes sancionadores abiertos durante el pasado año por la Agencia Tributaria por rebasar el límite de 2.500 euros establecido para los pagos en efectivo. Al cierre del 2015 se contabilizaron 1.313 expedientes de multa, derivados de más de 6.000 expedientes de análisis de denuncias -un 27,8 % más que el ejercicio previo- en relación con la limitación legal para los pagos en metálico.

Cabe recordar que el tope de 2.500 euros para operaciones en efectivo cuando al menos una de las partes de la transacción es un profesional, autónomo o empresario, fue una de las medidas estrella de la Ley Antifraude aprobada en el 2012 con el objetivo de ponerle coto al uso de dinero negro. Así, desde el 2013 las facturas -ya sean las del dentista, el fontanero o el taller mecánico- no pueden abonarse en metálico si sobrepasan el mencionado límite. 

Denunciar para evitar la multa

La sanción por el incumplimiento del tope es del 25 % de la cuantía abonada, a pagar de forma solidaria entre los implicados. Pero Hacienda dejó una vía abierta para evitarla y, de paso, elevar la eficacia del control sobre esta forma tan extendida de economía sumergida: denunciar la operación dentro de los tres meses siguientes a producirse.

La denuncia pueden realizarla cualquiera de las partes implicadas como terceros -es el caso de notarios, registradores de propiedad, abogados, asesores fiscales o auditores- que hayan figurado como intermediarios en las operaciones. De hecho, desde el Consejo General del Notariado recuerdan que en el 2005 crearon el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y que llevan años «desempeñando una labor determinante en el control y la prevención de delitos como el fraude fiscal y el blanqueo».

Las denuncias, que pueden tramitarse on-line desde la web de la AEAT, no pueden ser anónimas, ya que Hacienda exige, como mínimo, el DNI electrónico.

En cualquier caso, la persecución de los pagos en negro no ha dejado de aumentar desde la entrada en vigor del tope de los 2.500 euros. Así, al incremento de los expedientes de denuncia y posteriores sanciones registrado el pasado año ya le había precedido otra abultada subida el año anterior. Y es que en el 2014 se iniciaron 4.764 expedientes de análisis de infracciones, un 51,28 % más que el ejercicio anterior, en el que se estrenó el tope.

Aunque desde la entrada en vigor de la Ley Antifraude, en la que se estableció el tope para los pagos en metálico, no se ha vuelto a tocar su cuantía, el pasado invierno PSOE y Ciudadanos abogaron, dentro de su pacto de Gobierno frustrado, por rebajar el límite a 1.000 euros, además de garantizar el derecho de los consumidores a poder pagar con tarjeta cualquier bien o servicio de valor superior a 25 euros. 

Inspecciones presenciales

En su memoria del 2015 la Agencia Tributaria también subraya, dentro del epígrafe de economía sumergida, la realización de casi 22.000 actuaciones presenciales de verificación. A ellas se suman, además, otras 5.469 visitas destinadas a detectar alquileres opacos, que sin embargo suponen un descenso del 26,2 % respecto al ejercicio previo, en el que estas verificaciones rebasaron las 7.400 visitas. Pese a este descenso, en el Plan de Control Tributario para este año se establecen como prioridad las actuaciones presenciales para destapar alquileres no declarados, con especial atención a los particulares que ceden viviendas total o parcialmente, por Internet u otros canales, de espaldas al fisco.

Otro dato relevante es que las quejas y sugerencias presentadas ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente (organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) cayeron casi un 11 % en el 2015, cerrando con 10.902 reclamaciones.

Otra de las prioridades del fisco es detectar alquileres no declarados

El fisco inspeccionó a 29.275 personas, con una deuda medida liquidada de 243.525 euros

Durante el pasado ejercicio, un año en el que la recaudación de la lucha contra el fraude registró un récord histórico de 15.664 millones de euros -un 27,2 % más que en el 2014-, la Agencia Tributaria inspeccionó a un total de 29.275 contribuyentes, apenas un 1 % menos que el año anterior. También se redujo el número de actas instruidas: 62.803 frente a casi 67.000, lo que se traduce en una caída del 3,26 %.

En lo que respecta a la cuantía media de la deuda liquidada, se elevó un 44 %, hasta los 243.525 euros, desde los 168.712 previos, lo que la convierte en la mejor cifra registrada desde el 2010. 

Menos denuncias de delito fiscal

Según los datos hechos públicos ayer, el número de denuncias presentadas por Hacienda ante la Fiscalía por delito fiscal cayó un 66 % en el último lustro, situándose en el 2015 en 341 casos, su cifra más baja desde 1997. El importe total reclamado ascendió a 442,6 millones de euros, una cifra casi un 45 % superior a los poco más de 305 millones del 2014, precisamente un ejercicio en el que el número de denuncias fue un 12,8 % más elevado: 391 en total.

A lo anterior se suman 105 expedientes por blanqueo de capitales, referido a una cuota defraudada de 327 millones de euros.

La Agencia Tributaria subraya que en los últimos seis años, prácticamente siete de cada diez procedimientos judiciales concluyen con resoluciones o sentencias por delito fiscal total o parcialmente favorables a la postura defendida por Hacienda, mientras que en la mayoría de los casos desfavorables destaca la ausencia de dolo.

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