Galicia agrava su dependencia del Estado para pagar las prestaciones

En el 2009, antes de que llegaran los zarpazos más duros de la crisis, las cuentas territorializadas de la Seguridad Social en Galicia daban cuenta de un déficit de 1.777,1 millones de euros: los ingresos generados por los cotizantes de este territorio superaban por poco los 5.000 millones; y en el otro lado de la balanza, los gastos -sobre todo el pago de las pensiones-, casi alcanzaban los 8.000.

Eso sucedía hace seis años. Pasado ese tiempo, este saldo negativo con la caja única casi se ha duplicado, y con ello la dependencia del Estado para poder pagar las prestaciones sociales en Galicia. El agujero ahora supera los 3.500 millones de euros (3.543 en concreto al cierre del 2015). Es decir, transcurrido lo peor de la más larga recesión desde la democracia, el déficit se ha duplicado. Y nada parece indicar que este 2016 la tendencia vaya a ser mucho mejor.

Sobre el papel, el incremento de ocupados este año, gracias a la recuperación del mercado laboral, debería ayudar a reducir esa brecha. Pero no es así: los que pasan a aportar al sistema (los trabajadores) lo hacen en mucha menor medida que lo que contribuían antes los que salen de ese sistema. Dicho de otra forma: se genera empleo precario y a tiempo parcial, con una bases de cotización más bajas, y, en cambio, tenemos jubilados más caros porque vienen con bases más elevadas.

El agujero más acusado

Los últimos datos actualizados por la Seguridad Social a nivel territorial muestran que el problema del déficit con la caja es extensible al conjunto de las comunidades autónomas, consecuencia de años de recesión en los que se dispararon los gastos y en los que se redujo lo recaudado. Pero Galicia presenta el comportamiento diferencial negativo más abultado -solo por detrás de Asturias- respecto a otros territorios debido, sobre todo, a su vertiginoso envejecimiento poblacional. A falta de conocer cómo cierra el 2016, el último informe anual del Gobierno, el del 2015, muestra que solo Baleares y Madrid tienen sus cuentas con la caja de la Seguridad Social en positivo, con 114 y 731 millones, respectivamente.

En el último balance general hecho público por el Ministerio de Empleo se da cuenta de que, en el conjunto del Estado, el saldo negativo de la Seguridad Social a 31 de agosto sumaba 6.128,06 millones de euros; eran 5.352 un año antes. Es decir, que los números rojos han crecido casi un 15 % justo en un período que ha estado marcado por el incremento de ocupados. Hasta agosto, el ingreso por cotizaciones creció casi 2,79 puntos, por el aumento de las personas con empleo, pero se trata de una recaudación que no es capaz de contrarrestar el creciente gasto de las pensiones. Este saldo negativo de 6.128 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 83.845 millones y unas obligaciones (gasto) de 89.973.

Cómo equilibrar

En Galicia, la idea de sostener las pensiones gallegas con recursos generados en la propia comunidad se muestra como una quimera imposible, como ilustran los números de forma inequívoca. Las diferentes proyecciones muestran que la autonomía tendría que generar unos 400.000 puestos de trabajo más para poder sostener el gasto en pensiones. Un objetivo inalcanzable a corto y medio plazo, lo que aboca a la comunidad a depender de la solidaridad de la caja única de la Seguridad Social.

Este es un problema a largo plazo por la diferencia que existe entre la franja atlántica, más poblada y dinámica, y las zonas del interior, cada vez más despobladas. En más de un tercio de los municipios gallegos, de cada diez euros que se destinan al gasto en prestaciones públicas, la mayoría jubilaciones, se recaudan menos de cinco en cotizaciones de los trabajadores, un desequilibrio que afecta a gran parte de los ayuntamientos de Lugo y de Ourense. En ocho de cada diez concellos, las rentas que generan los hogares apenas cubren el 85 % de lo que se gasta en prestaciones. Hay una gran mayoría del territorio más dependiente de la Seguridad Social que del dinamismo económico. Solo rompen esta regla concellos pujantes del eje atlántico: Santiago, Arteixo, Oleiros, Teo, Narón, Cambre, Ames, Teo, O Porriño, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo.

¿Y qué pasará cuando se agote la hucha de las pensiones?

El sistema con el que se garantiza el pago de las extras a los pensionistas afrontará el próximo ejercicio un momento clave: salvo sorpresa mayúscula, en el 2017 se agotará el fondo de reserva, la hucha de las pensiones. ¿Qué pasará entonces? El Gobierno en funciones ya se apresuró en las última semanas a explicar que el pago de estas prestaciones está blindado, pero lo cierto es que el Ejecutivo que tome posesión esta misma semana tendrá un desafío enorme para sus primeros meses: afrontar qué hacer con este sistema público ante el irrefrenable incremento del gasto y los magros ingresos para poner mantenerlo a corto y medio plazo.

Se da por seguro que el ministro que se encargue de este asunto (y es muy probable que repita Fátima Báñez) tendrá que afrontar más pronto que tarde una nueva vuelta de tuerca, quizá segregando las pensiones de viudedad y orfandad del sistema general, para que vayan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (y no a los de la Seguridad Social) o activando medidas que reduzcan la nómina que se paga al jubilado. De ahí que el Gobierno haya planteado en las últimas semanas que estudia compatibilizar el cobro del 100 % de la jubilación con trabajar, para completar los ingresos mensuales.