Los consejeros de las «black» acusan a Bankia de «fabricar» la lista de gastos
ECONOMÍA
No le dan validez al documento e insisten en que Hacienda conocía las tarjetas
06 oct 2016 . Actualizado a las 15:22 h.La cuarta sesión del juicio de las tarjetas black de Caja Madrid -tercera de declaraciones de los imputados- giró ayer en torno a la crítica unánime de los acusados contra el documento aportado por Bankia y clave para sostener el caso: la hoja Excel en la que se detallan los gastos que, por un importe de 12 millones de euros, 65 ex altos cargos y consejeros de la entidad financiera cargaron en tarjetas presuntamente opacas al fisco.
Sus defensas ya intentaron -sin éxito- que el tribunal anulara el polémico listado, contra el que ayer cargaron los exconsejeros interrogados: desde el primero, Estanislao Rodríguez-Ponga, al último, José Manuel Fernández Norniella.
«No reconozco ese documento de Bankia. No sé quién lo ha emitido. Es un documento anónimo que puede haber fabricado cualquiera». Así respondió el exsecretario de Estado de Hacienda de Aznar, Rodríguez-Ponga, a las insistentes preguntas del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre los gastos consignados en la ya célebre hoja de cálculo.
De hecho, las preguntas y repreguntas del Ministerio Público sobre el listado de cargos y el encono con el que Rodríguez-Ponga se enrocaba en no admitir nada de lo que figuraba en la Excel y que Luzón le desgranaba, hizo intervenir a Ángela Murillo, presidenta del tribunal, que cortó el enfrentamiento resumiendo: «No admite ninguno [de los cargos], no los admite como reales».
En cualquier caso, pese a negar la validez del documento y recordar que en su día había enviado a Bankia un burofax en ese sentido, admitió que aunque no reconociera los gastos que se le imputaban (en total 255.400 euros) eso no significaba que no los hubiera efectuado. Su crítica era al listado sin membrete, certificación ni, por supuesto, extractos que probasen la veracidad de lo que le adjudicaban.
José María de la Riva y Ramón Espinar, respectivamente exconsejero y exvicepresidente de Caja Madrid por el PSOE, también cuestionaron la Excel de Bankia, insistiendo en que había «errores de bulto», «cargos inexplicables» e incluso «duplicados y triplicados». Espinar -padre del senador de Podemos- insistió en la idea de fabricación y caza de brujas, asegurando que, además de errores, había gastos que no coincidían con la realidad, que parecían haber sido encajados artificialmente, o hasta 66 cargos sin identificar su origen.
Idénticos argumentos se les escucharon al ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada -también imputado en la Gürtel, que se juzga simultáneamente- o al ex secretario general de Caja Madrid Ignacio Navasqüés, que acusó a los gestores de Bankia de «rebuscar» en toda la caja a ver qué se podía encontrar contra ellos.
Otro exconsejero, también ex secretario de Estado de Hacienda con Aznar, José Manuel Fernández Norniella, se sumó a las críticas asegurando que había «algo extraño» en el caso.
Igualmente cerraron filas al sostener -como Rato la víspera- que las tarjetas eran «legales», que la entidad no les pedía, e incluso rechazaba, los justificantes de uso y que Hacienda las conocía porque inspeccionaba la cuenta a la que iban los gastos.
La socorrida excusa de echarle la culpa al muerto volvió a escucharse
Las tarjetas black eran una tradición en la caja y ninguno de los imputados dudó nunca de su legalidad. ¿Qué motivo tendrían, si se usaban desde «el siglo pasado», como dijo Rato? El argumento se ha amplificado declaración tras declaración, situando el origen de los plásticos en la etapa en la que Jaime Terceiro era presidente de Caja Madrid y focalizando en Ángel Montero, secretario general de la entidad y fallecido en el año 2000, la responsabilidad de repartirlas a sus beneficiarios, junto con las indicaciones sobre su uso.
Es la estrategia de echarle la culpa al muerto, que ya no puede hablar. Y es que a Montero se remitieron ayer exconsejeros nombrados en la entidad tanto a propuesta del PSOE como del PP -casos de Antonio Romero y de Ricardo Romero de Tejada-, igual que la víspera lo hiciera el exvicepresidente Moral Santín, exmiembro de IU. Todos apuntaron que fue Montero quien les dijo que las tarjetas eran «parte de sus retribuciones» y que no tenían que justificar su uso. De hecho, en los interrogatorios se escuchó repetidamente que era la entidad financiera la que no quería que entregaran facturas, pese a que algunos de los exconsejeros relataron que las habían guardado durante un tiempo.
La mayoría de los acusados se quejaron ante el tribunal de estar siendo objeto de una suerte de linchamiento mediático y social. «Objeto de escarnio público», dijo Navasqüés, mientras que Espinar defendió que no era un «chorizo» y que había ahorrado muchos meses para pagar la fianza. Fernández Norniella, visiblemente afectado, dijo haberse sentido «humillado» en el procedimiento.