La Eurocámara arremete contra la suspensión de fondos a España

la comisaria de Desarrollo Regional Corina Cretu salió al paso para puntualizar que el plan de Bruselas «no tiene impacto a corto plazo sobre la aplicación de programas en curso»


bruselas / corresponsal

«Situación esquizofrénica», «acto vergonzoso» o «sabotaje», son algunos de los calificativos que los eurodiputados dedicaron ayer a la decisión de la Comisión Europea de suspender parte de los fondos estructurales y de inversión a España y Portugal en el 2017 por no tomar medidas efectivas para corregir el déficit. 

Ante la Eurocámara comparecieron el comisario de Crecimiento e Inversión, Jyrki Katainen, y la comisaria de Desarrollo Regional, Corina Cretu. Cada uno con su canción. La del finlandés hacer creer que la Comisión tiene las manos atadas por la legislación: «Tenemos una obligación jurídica de actuar. No se trata de voluntad política», exclamó el conservador antes de recordar que «hemos tenido un amplio margen de flexibilidad con ambos países». Cretu salió al paso para puntualizar que el plan de Bruselas, que contempla la suspensión de hasta 1.300 millones de euros a España, «no tiene impacto a corto plazo sobre la aplicación de programas en curso». La intención del equipo de Juncker es congelar los compromisos de pago para proyectos futuros y argumentan que el ritmo de ejecución de fondos es tan lento que sus efectos solo se podrían percibir en el año 2020.

Para entonces, esperan que el Gobierno ya haya embridado el déficit. «No habrá ni un céntimo que se pierda si los Gobiernos cumplen con lo que han prometido a sus ciudadanos y al resto de Estados miembro».

Polémica decisión

La decisión es tan polémica que algunos miembros del equipo de Juncker se han plantado. La comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, no está de acuerdo con la congelación de las ayudas del Fondo Social Europeo, fundamental para sostener la creación de puestos de trabajo. El revuelo que ha generado el anuncio obligó ayer a Cretu a explicar cómo piensa la Comisión ejecutar el castigo. Según la comisaria rumana, se tendrán en cuenta «factores de mitigación». Si un país, como España, supera en ocho puntos la media de desempleo de la UE, se beneficiará de una reducción del 50 % de la sanción. Bruselas también quiere dejar al margen los programas «críticos», aquellos que más impacto social generan. 

Las explicaciones no convencieron a los representantes del Parlamento Europeo. Los españoles advirtieron del enorme daño que puede infligir esta medida en comunidades locales y en comunidades como Galicia, de las que más fondos europeos ejecutan en España y de las que más se benefician (2.700 millones de euros hasta el 2020). «Tendrá un impacto muy relevante para el sector agrario y pesquero de mi país», advirtió la socialista Clara Aguilera, antes de pedir que se tenga en cuenta la situación excepcional que vive España, con un Gobierno en funciones sin capacidad de aprobar nuevos presupuestos. En efecto, uno de los fondos que se puede ver afectado es el FEMP, del que se alimentan programas enfocados al sector pesquero en Galicia. ¿Qué pasará de ahora en adelante? La Eurocámara puede pedir más detalles del plan a la Comisión, prolongando la decisión en el tiempo. El colegio de comisarios se reúne hoy para decidir si escogen el camino de las sanciones o el de la flexibilidad.

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