Hasta el inicio de la crisis, el desahucio de una familia era una anomalía. La razón era muy sencilla: el inmueble en cuestión subía permanentemente de precio, y por lo tanto, si una familia observaba dificultades, programaba la venta de su hogar. Si llevaba un número de años importante siendo de su propiedad, con lo obtenido solía pagar sus deudas y obtener algo de liquidez.
En un mundo como este, el nuestro hasta el 2009, el drama social solía recaer exclusivamente en el inquilino. Y, lógicamente, con tasas de paro bajas, este drama no llegaba a generar alarma social. Todo quedaba en las manos discretas de los servicios sociales de la Xunta o de los grandes ayuntamientos.
Pero la crisis no solo generó desempleo. También provocó que un mercado tan robusto como el inmobiliario entrase en deflación y consecuentemente pasara a ser ilíquido. ¿Por qué comprar hoy si puedo hacerlo mañana? Vendería mi casa, pero ¿a quién?. Así pensaron decenas de miles de españoles. La mayoría de ellos adquirieron su vivienda entre el 2005 y el 2009. Los hijos bastardos de la ilusión económica. Descubrieron que no eran nadie para el sistema económico, y mucho menos para el ordenamiento jurídico español. Las leyes no se habían construido para ellos.
Y lo cierto es que, aunque siguen sin ser para ellos, a grandes rasgos, la sociedad ha actuado con cierta grandeza. Algunas Administraciones públicas han dialogado con desigual resultado con el sector financiero y lo que antes era escaso ahora es frecuente, como por ejemplo las refinanciaciones. Pero esencialmente nos han mostrado la necesidad de un pacto social de largo alcance. Lo triste es que algunos solo saquen este tema a debate cuando estamos en determinados procesos electorales. ¿Habrá que esperar a las siguientes municipales para ver un nuevo impulso? Habrá o no habrá, pero lo que sí hay ya, con toda seguridad, es un repunte de los desahucios, si comparamos este trimestre con el anterior. Será que algunos bajaron la guardia. Será.