Galicia, que no pidió ayudas, dispuso solo del 1,2 % de los recursos en cuatro años
16 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Hacienda desembolsó más de 130.000 millones (2,2 veces el PIB gallego) entre los años 2012 y 2015 para rescatar a las comunidades con problemas financieros durante la crisis. Así se recoge en el último informe publicado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro sobre los beneficios de los mecanismos adicionales de financiación a las comunidades autónomas. En total, 131.072,82 millones de euros. El informe incluye un desglose territorializado del reparto de recursos, que muestra cómo Cataluña ha sido la comunidad que mayor apoyo económico recibió en esos cuatro años, algo más del 33 % del total o, lo que es lo mismo, 43.637,75 millones de euros: 25.392 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta el 2014, otros 11.689 vía Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (el nuevo FLA en funcionamiento desde el 2015), y 6.556 millones más con cargo al Fondo de Financiación de Proveedores.
Por cuantía, a Cataluña le siguen la Comunidad Valenciana, que recibió 29.352 millones (el 22,39 %) y Andalucía, con algo más de 20.000 millones (el 15,30% del total), mientras que el resto de territorios están a muchísima distancia porcentual.
El caso de Galicia es singular, ya que fue de las pocas comunidades que optaron por preservar su independencia financiera y no se acogió a las ayudas facilitadas por el Estado para pagar sus deudas con los proveedores ni para obtener liquidez. Eso explica que en estos últimos cuatro años solo haya recibido 1.567 millones, el 1,20 % de las ayudas globales, a través del Fondo de Facilidad Financiera (uno de los cuatro compartimentos del nuevo Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas) aprobado el pasado ejercicio, que permitió a las comunidades que habían cumplido el objetivo de déficit del 2014 beneficiarse de la financiación a través del Tesoro a tipo cero.
Un salvavidas
Hacienda recuerda que los mecanismos de financiación, como el FLA o el fondo para pagar a los proveedores, se diseñaron como respuesta a la complicada situación vivida a principios del 2012, con un «progresivo agravamiento del problema de impagos» de las administraciones territoriales a sus proveedores de bienes y servicipos desde el 2004, debido a la «caída sostenida de sus ingresos unida al incremento de los gastos» y a que la difícil situación económica, tanto nacional como internacional, «impedía o dificultaba» a las comunidades obtener liquidez en los mercados financieros. Es decir, se impuso la necesidad de un rescate en toda regla.
Además de los ya referidos mecanismos de financiación instrumentados por Hacienda, la Administración central también puso en marcha otras medidas para dar un respiro a la asfixiada liquidez de las comunidades: anticipos del sistema de financiación autonómica, aplazamiento del plazo de devolución de las liquidaciones negativas de la financiación correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, líneas ICO y moratorias en los cobros del principal de los préstamos suscritos. En total, dichas medidas sumaron otros 36.340 millones más en manos de las administraciones territoriales, de modo que, sumadas a los 131.000 anteriores, la liquidez transferida a las comunidades por el Estado entre el 2012 y el 2015 superó los 167.500 millones de euros.
El ministerio destaca especialmente el importante ahorro de intereses que el FLA o el Fondo Fondo de Financiación del Pago a Proveedores les ha supuesto: nada menos que 44.484 millones, de los que Cataluña ha sido la gran beneficiada, con casi 15.800 millones.
Fedea propone que las comunidades creen un fondo de reserva como el de la Seguridad Social
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) recomienda crear un fondo de reserva anticíclico para las comunidades autónomas, similar al de la Seguridad Social. Así lo recoge en su último informe, que analiza el endeudamiento de las comunidades y los recursos del sistema de financiación autonómica, en torno a la coordinación y la planificación presupuestaria, según informa Efe.
Su propuesta es crear un fondo de reserva anticíclico, tras constatar que el fondo de contingencia previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tiene poca dotación y que está sirviendo para financiar conceptos y programas de naturaleza distinta y, a veces, alejados del espíritu de la norma.
Incide en que la ley no contempla una cuantía mínima común ni medidas preventivas, correctivas ni coercitivas para que las comunidades doten de manera suficiente el citado fondo.
En cualquier caso, Fedea apuesta también por crear un fondo de reserva o de estabilización económica, que podría actuar frente a recesiones severas que pueden llevar a una merma de los ingresos públicos o a un aumento de los gastos, lo que supondría una importante subida del déficit. Ese fondo mejoraría la transparencia presupuestaria, operaría como freno a la deuda y también sería un elemento de suavización fiscal.