Alcoa deberá pagar más de 2,8 millones de euros por contaminar en A Mariña

El Supremo no ha admitido el recurso presentado por el gigante del aluminio y tendrá que indemnizar a los vecinos


Viveiro / La Voz

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso presentado del gigante Alcoa contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Lugo, confirmando el fallo que había dictado el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Viveiro condenando a la empresa a pagar 2.800.289 euros a 47 vecinos del entorno de la fábrica de San Cibrao, en A Mariña, por los daños y perjuicios causados en las fincas de su propiedad por las emanaciones de flúor procedentes de las instalaciones.

La cantidad a pagar será incluso mayor, ya que a la cifra mencionada hay que sumar los intereses legales devengados desde que se presentó la demanda, en el año 2011, más las costas judiciales.

La empresa apeló al Supremo presentando un recurso extraordinario por infracción procesal en el que alegaba tres motivos: que la existencia de daños, la existencia de flúor en las fincas y la existencia de una relación de causalidad entre el flúor y los daños de las fincas se fundan en una arbitraria valoración de la prueba pericial. Cuestiones que el Supremo rechaza, señalando en su auto que «no existe una valoración de la prueba pericial manifiestamente absurda, arbitraria, ni ilógica ni irrazonable», lo que lleva a inadmitir el recurso.

En una segunda causa judicial abierta por un problema similar, la Audiencia Provincial de Lugo sí estima en parte el recurso presentado por la empresa contra otro fallo judicial del Juzgado de Primera Instancia de Viveiro en el que condenaban a Alcoa a abonar a otros once vecinos cerca de 90.000 euros. Los demandantes reclamaban casi 150.000 y finalmente la Audiencia rebaja la cantidad que debe pagar Alcoa a algo más de 28.000 euros.

Desde la empresa, refiriéndose al caso de mayor envergadura, manifiestan que acatan y respetan las decisiones judiciales; que la fábrica, desde que opera en San Cibrao, cumple la normativa en vigor en materia de emisiones, que ha ido reduciendo paulatinamente, y que ni el auto ni la sentencia que les condenan deja probado que se hayan producido daños por contaminación.

El abogado de los vecinos, Jaime Pernas, transmitía la satisfacción de sus clientes, señalando que hay gente que cobrará 30.000 euros, pero otros llegan a 400.000. Ahora, señala el letrado, hay base para seguir reclamando.

El Supremo no admitió el recurso de la empresa y tendrá que pagar a los vecinos

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