La Comisión Europea acuerda dar dos años más a España para rebajar el déficit por debajo del 3 % a cambio de ajustes por valor de 10.000 millones
28 jul 2016 . Actualizado a las 01:24 h.«España hizo esfuerzos masivos y eso es algo que no se puede ignorar». Así anunciaba ayer el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, el indulto concedido por Bruselas al Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo popular llevaba meses en el patíbulo a la espera de la gracia e indulgencia de la Comisión Europea. ¿El crimen? No haber adoptado medidas para corregir el déficit excesivo en el 2015 (5,1 %, frente al 4,2 % exigido) y agravar el desequilibrio de las cuentas públicas con rebajas impositivas en plena campaña electoral.
El equipo de Jean Claude Juncker tenía ayer sobre la mesa tres opciones. La más dura consistía en sancionar a España con una multa equivalente al 0,2 % del PIB (unos 2.200 millones de euros). La segunda permitía reducir la factura a unos 200-500 millones, una alternativa que apoyó con ahínco el comisario para el Euro, Valdis Dombrovskis. La tercera vía, respaldada por Moscovici y el propio presidente Juncker, fue la que finalmente se impuso. No habrá multa, si así lo ratifican los ministros de Economía de la UE.
¿Qué razones han empujado a Bruselas a quitar la soga del cuello a España? La Comisión Europea hizo suyos los argumentos enviados por el Gobierno español el pasado 12 de julio. El país hizo «esfuerzos sustanciales en los últimos siete años» para ajustar el déficit y acometer reformas estructurales «ambiciosas», reconoció Moscovici en rueda de prensa. En segundo lugar se alude a la situación económica excepcional que se vive en España, un país con un desempleo altísimo (22,1 %) y que sigue creciendo al ritmo del 3,2 % (2015), lo hará al 2,9 % en el 2016 y al 2,3 % en el 2017. «Queremos que España reduzca el déficit, pero no a costa del crecimiento», aseguró el comisario francés. El tercer argumento para justificar la cancelación de la multa es que el Gobierno de Rajoy ofreció por carta nuevas medidas para ajustar 6.000 millones de euros a través del anticipo de los pagos del impuesto de sociedades y otros 2.500 millones de la lucha contra el fraude fiscal y el ahorro de intereses.
La última razón esgrimida por Bruselas para no dar rienda suelta al castigo es el tenso clima social que en el que se ha sumergido Europa tras el brexit y la desconfianza de de la ciudadanía hacia la UE. «Los ciudadanos que hicieron tantos esfuerzos no lo habrían entendido en un momento en el que se duda de Europa», aseguró Moscovici. Una visión que comparte el comisario portugués, Carlos Moedas: «Se anulan unas multas que no eran justas y se demuestra que la Comisión tiene alma», aseguró tras saber que su país tampoco sería condenado.
El aliento galo
A pesar del decálogo de justificaciones oficiales, a nadie se le escapa que el aliento de Francia está detrás de esta amnistía. No por altruismo o quijotismo sino porque el país galo también tiene un procedimiento abierto por déficit excesivo y sería el próximo en pasar por la guillotina. París incumplió hasta en 11 ocasiones este criterio sin que nadie le apercibiera por ello.
Una bala en la recámara
¿Qué pasará con los fondos estructurales? La Comisión se ha guardado en la recámara una última bala. Propondrá la congelación de un porcentaje de las ayudas del 2017 a la Eurocámara hasta que ambos países presenten una hoja de ruta de ajustes nueva antes del 15 de octubre. «Debemos ser rigurosos con esta propuesta para conseguir que apliquen un nuevo ritmo de ajuste [...] Es un incentivo adicional», justificó Dombrovskis. Como dijo Moscovici «este no es el final de la historia». España tiene hasta otoño para formar un nuevo Gobierno capaz de perfilar una nueva senda de recortes y de alumbrar un presupuesto austero para el 2017.
Recorte de 30.000 millones hasta el 2018
No uno sino dos balones de oxígeno es lo que Bruselas concedió ayer a España como medida de gracia para lograr situar su déficit por debajo del 3 % del PIB. El futuro Gobierno dispondrá de dos años adicionales para volver a encauzar las cuentas públicas. «Es una trayectoria más realista y segura», aseguró el comisario Moscovici, quien no quiere volver a encontrarse en la misma tesitura en el 2018.
La Comisión Europea da por perdido el 2016, que cerrará con un déficit del 4,6 %. «No demandaremos reformas adicionales», reconocen. El baile empezará en el 2017. La nueva senda fiscal «creíble y sostenible» que marca Bruselas anticipa nuevos y duros sacrificios. El próximo año el déficit deberá descender hasta el 3,1 % y alcanzar en el 2018 el 2,2%. El esfuerzo estructural tendrá que alcanzar el 0,5 % del PIB cada año de prórroga. No se aceptarán medidas cíclicas, deberán ser reformas de calado.
Desde el 5, 1 % hasta el 2,2 %
Teniendo en cuenta que el déficit acabó el 2015 en el 5,1 %, cuando termine el 2018, y de acuerdo con el camino que le ha marcado Europa, España habrá tenido que rellenar el agujero de sus cuentas con casi 30.000 millones de euros.
Y Bruselas le dio ayer pistas a España de por dónde le gustaría que las embridase. Para empezar, aboga por una revisión del IVA, reduciendo los tramos y acotando el alcance del reducido.
Por otro lado, también pone el dedo en la llaga al sugerir que el nuevo Ejecutivo ponga fin a las adjudicaciones públicas a dedo, una práctica corrupta muy extendida en España, según denuncia Bruselas: «El número de malas prácticas ha llamado la atención de la Comisión en los últimos años. España destaca por el bajo índice de publicación de anuncios sobre licitaciones públicas [...] Esto eleva el gasto gubernamental y no contribuye al ahorro», sentencia.
«Confiamos en la democracia española y en que se llegue con rapidez a formar un nuevo Gobierno», dijo Moscovici. Bruselas aguarda ansiosa por la lista de recortes del nuevo Ejecutivo español y el proyecto de presupuesto para el 2017.
¿Y si no cumple?
¿Qué puede ocurrir si al final de la prórroga el déficit sigue por encima del sacrosanto 3%? Fin de la tregua. Se desencadenaría de forma automática el procedimiento de sanción y la multa podría ascender al 0,5 % del producto interior bruto (5.000 millones de euros).