Cuentas denuncia que más de 30.000 muertos siguieron cobrando la pensión

La Seguridad Social replica que el 93 % de los casos a los que se apunta no son reales

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«El cruce de información es automático: la picaresca es casi imposible» 30.000 personas cobraron pensiones de familiares fallecidos. Lo dice el Tribunal de Cuentas pero lo desmiente la Seguridad Social. En la calle la gente lo ve posible y nosotros le preguntamos a un experto en relaciones laborales

Redacción / La Voz

Al menos 30.000 familias españolas siguieron cobrando las pensiones de sus familiares tras el fallecimiento de estos. Es la conclusión a la que llega el Tribunal de Cuentas tras cruzar los datos de prestaciones abonadas por la Seguridad Social en el 2014 con los registros de fallecidos.

En concreto, el organismo fiscalizador cifra en 29.321 las personas muertas a partir de 1997 que seguían cobrando su jubilación a pesar de que su DNI aparecía en la base de datos de fallecidos del Instituto Nacional de Estadística (con la que la Seguridad Social realiza un cruce de datos mensual precisamente para evitar estos casos). Para probar que no era un fallo puntual, Cuentas revisó cuántos seguían cobrando diez meses después, en octubre del 2015, y se encontró con que al 95 % se les seguía ingresando la pensión puntualmente en el banco.

Un descontrol que se traducía, según las cifras que aporta en su informe, en un pago mensual que en diciembre del 2014 superaba los 25 millones de euros, o, lo que es lo mismo, más de 300 millones al año. Una cantidad que parece ínfima si se compara con los más de 110.000 millones que se desembolsaron el año pasado para pagar a los 8,5 millones de pensionistas que actualmente hay en España pero que, por poner un ejemplo, equivale a lo que destinó el Gobierno el año pasado a ayudas a los ganaderos para paliar la crisis láctea.

Pero la Seguridad Social no da los datos por buenos. En su informe de alegaciones, el organismo defiende que la bolsa de fraude en el cobro de pensiones no es, ni de lejos, de la magnitud a la que apunta el Tribunal de Cuentas, alegando que en el 93,25 % de los casos lo único que casa entre la identificación del pensionista que consta en sus archivos con el registro de fallecidos «es solo el Documento Nacional de Identidad, y nada más. No coincide ni el nombre, ni ningún apellido, ni las fechas tienen similitud alguna». Es decir, apunta a que se habría producido un error al consignar el DNI. De hecho, el organismo fiscalizador admite luego que solo en 766 casos se registran coincidencias de nombres, apellidos o fecha de nacimiento.

A estos habría que añadir otros 4.186 casos en los que, sin carné de identidad por medio, Cuentas detectó coincidencias muy relevantes entre los registros de fallecidos y los cheques de la pensión. De estos, más de 3.800 llevarían muertos al menos 18 años. Sus pensiones le cuestan, en conjunto, otros 4,5 millones al erario.

A la vista de estos datos, el organismo fiscalizador reclama «un control de vivencia de los beneficiarios», que la Seguridad Social descarta por «desproporcionado», ya que generarían «graves perjuicios» a los mayores de 85.

La picaresca puede llevar a la cárcel

Como recuerda Cuentas en su informe, en el caso de cobro indebido de pensiones se inicia un procedimiento de retrocesión para recuperar lo abonado a través del banco (en el 2014 se tramitaron 22.802 reclamaciones, por importe de 25 millones). La deuda prescribe a los cuatro años. En el caso de los procedimientos judicializados, no son pocos los casos en los que la picaresca ha conducido a prisión, como en el de un funcionario condenado a cinco años por cobrar durante 19 años la pensión de su madre muerta.

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