España dice a Bruselas que la multa por el déficit sería contraproducente

El Gobierno alega que el país ya no es un riesgo para el euro y pide clemencia


bruselas / corresponsal

Las cartas ya están echadas. El Gobierno español envió ayer a Bruselas una amplia misiva de 26 páginas con toda la batería de argumentos, logros y compromisos que estuvo cocinando el ministro de Economía, Luis de Guindos, en los últimos días. El objetivo era persuadir a la Comisión Europea y reducir desde los 2.200 millones de euros a cero la multa que impondrá a España la UE por no tomar medidas efectivas para corregir el déficit en el 2015.

El Gobierno de Mariano Rajoy considera que hay «razones de peso» para sacar al país del patíbulo: «España no es un riesgo para la estabilidad financiera de la zona euro», defiende en la carta antes de advertir a Bruselas de que la imposición de sanciones económicas «no solo sería incoherente sino también contraproducente (...) Sería dar un paso en la dirección contraria de lo que Europa necesita», reza el texto. 

Para apoyar sus alegaciones, España explica de forma pormenorizada a Bruselas cómo los esfuerzos «innegables»  por embridar las cuentas públicas se vieron perjudicados en esta última legislatura por un contexto económico «adverso» a nivel internacional y por una inflación mucho más baja de lo prevista por la Comisión, a la que reprocha su doble vara de medir a la hora de restar importancia a estos dos factores. «En la evaluación de la acción efectiva de otros países, similares circunstancias económicas excepcionales fueron tenidas en cuenta (...) La igualdad de trato debe prevalecer», asegura el Gobierno tras ensalzar los sacrificios emprendidos para rebajar el déficit del 9.6 % en el 2011 al 5.1 % en el 2015, en un período de crecimiento económico muy reducido: «España ha demostrado un firme compromiso con la sostenibilidad fiscal y la reducción del déficit público».

Tampoco escatima en críticas al Ejecutivo de Juncker por calcular los esfuerzos fiscales estructurales con una metodología que «subestima» el impacto de los recortes y reformas del Gobierno. Con cierta autocomplacencia, el Ejecutivo de Rajoy ofrece un decálogo de éxitos del pasado: La recapitalización y reestructuración del sector bancario, la reforma del mercado laboral, la reactivación del crédito a las pymes en el 2013, la recuperación del PIB que creció al 3.2 % el año pasado después de la caída del 9% que sufrió entre el 2008 y el 2013, la creación de medio millón de puestos de trabajo y los 700.000 desempleados que ahora no constan en las estadísticas. 

Bruselas y el presidente el Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ya advirtieron a Madrid de que la autocomplacencia no sería efectiva. «Es posible que las sanciones sean igual a cero si nos dan las respuestas que esperamos», aseguraba ayer el comisario de Economía, Pierre Moscovici, quien posa los ojos sobre los compromisos, y no sobre los éxitos. En ese apartado, el Gobierno español apuesta por cubrir el agujero fiscal de 8.500 millones de euros con medidas adicionales. Reformará ley el impuesto de sociedades «en cuanto se haya constituido un nuevo Gobierno», lo que añadiría a la hucha 6.000 millones de euros. Otros 1.500 millones se podrían canalizar a las cuentas públicas procedentes de la lucha contra la evasión fiscal y 1.000 millones de la rebaja de los tipos de interés de la deuda. También se ha comprometido a adelantar a julio el cierre de los presupuestos generales de Estado de 2016 como estrategia fiscal para controlar el gasto público, lo que implica que habrá que ejecutar la cuentas al pie de la letra sin incurrir en gastos extraordinarios.

¿Convencerá España a Bruselas? Para adelantarse a reproches, el Gobierno ha querido justificar la desviación del 2015, instigada por la rebaja de impuestos que aprobó Rajoy a las puertas de la campaña electoral. Una medida que despertó la ira de los ultraortodoxos de la austeridad.

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